La Asignación Universal por Hijo, junto a los planes sociales de trabajo (cooperativas), son presentados por la izquierda que apoya al kirchnerismo como medidas poco menos que revolucionarias. Se sostiene que estas medidas se inscriben en una estrategia de largo plazo para una distribución más equitativa de la riqueza, y fortalecer el poder popular frente a los “grupos concentrados” (léase Techint, Clarín; pero no Petersen, Electroingeniería o Franco Macri). Lógicamente, para sostener este relato, se pasan por alto algunos hechos. Por empezar, que los planes sociales en Argentina no son una novedad de los gobiernos K. Alfonsín en los 80 instrumentó la caja PAN (cuando la tasa de indigencia era mucho menor que la actual). Y Duhalde puso en marcha los Planes Trabajar después de la debacle de 2001, lo que tuvo un efecto bastante inmediato para paliar lo peor del hambre. El discurso K-izquierdista tampoco dice que la AUH fue reclamada durante mucho tiempo por sectores de la oposición, incluso por algunos que militan para la “derecha destituyente”. Y no señala que fue decidida por el gobierno recién cuando perdió las elecciones de 2009, ante la inminencia de que se impusiera en el Congreso. Pero estas son minucias, que tienen sin cuidado a los K-izquierdistas.
Pues bien, ¿qué podemos decir desde el marxismo sobre la AUH y planes sociales? Una primera respuesta, que han dado algunos compañeros, sostiene que se trata de medidas progresistas pero: a) Son insuficientes, y la inflación las está erosionando cada vez más. b) La AUH no es realmente universal, ya que hay sectores sumergidos en la miseria a quienes no les llega. c) El gobierno utiliza los planes sociales de trabajo con fines clientelísticos; y para desviar la lucha de organizaciones sociales y anularlas como factores críticos e independientes (por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo). No encuentro que estas objeciones hayan sido respondidas de forma mínimamente satisfactoria, o coherente, por la izquierda K. Por otra parte, y más en general, deberíamos hacernos una pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad es ésta que genera la necesidad de reclamar asistencia social por parte del Estado? ¿Por qué este modo de producción produce desde sus entrañas masas de gente condenadas a sobrevivir en la indigencia, o al borde de ella? Que sectores de la izquierda hayan renunciado a hacerse estas preguntas, por lo demás elementales, revela el abismo que los separa de lo que ha sido la perspectiva critica tradicional, de la izquierda marxista, o libertaria revolucionaria (véase al respecto Militancia probada…).
Un texto de Poulantzas
Lo anterior se vincula estrechamente con otro tema clave, que es el rol que del Estado-Providencial en la defensa de la reproducción del sistema capitalista. Y es aquí donde entra en escena Nicos Poulantzas, un marxista que en los años 70 y 80 se leía mucho en la izquierda. Posiblemente, muchos de los que pasaron desde la izquierda crítica y revolucionaria, a la defensa del Estado burgués, hayan abrevado en los libros de Poulantzas. Y hasta es probable que a algunos la lectura de Estado, poder y socialismo (de donde extraigo los pasajes que cito a continuación), les haya ayudado a pegar el “salto” hacia el otro lado del mostrador. Es que en este libro Poulantzas se abría a la posibilidad de una transformación paulatina, democrática reformista, del Estado burgués. Sin embargo, lo interesante es que aun en este texto, Poulantzas no pierde el sentido de las delimitaciones de clase. Por eso, aunque podamos estar en desacuerdo con su estrategia (personalmente lo estoy), su análisis sobre el rol de las concesiones arrancadas al Estado mantiene vigencia, y ayuda a pensar la cuestión de la asistencia social en Argentina. Por empezar, Poulantzas plantea que si bien el papel del Estado no puede interpretarse en términos de mero “engaño” y manipulación, tampoco se reduce a un rol providencialmente social. Escribe:
“Pero si el papel del Estado con respecto a las masas populares no puede reducirse a un engaño, a una pura y simple mistificación ideológica, tampoco puede reducirse al de un Estado-Providencia con funciones puramente “sociales” (acotación RA: que lleva a “dar las gracias” a los explotados por lo recibido). El Estado organiza y reproduce la hegemonía de clase fijando un campo variable de compromiso entre las clases dominantes y las clases dominadas, imponiendo incluso a menudo a las clases dominantes ciertos sacrificios materiales a corto plazo a fin de hacer posible la reproducción de su dominación a largo plazo” (p. 224; edición Siglo XXI). Poulantzas da el ejemplo de la famosa legislación fabril inglesa, y la abolición de la esclavitud, que llamaron la atención de Marx. En estos casos el Estado interviene para preservar y reproducir la fuerza de trabajo que el capital estaba en camino de exterminar. El propio Estado impuso a los capitalistas límites a la explotación de la fuerza de trabajo (por ejemplo, limitando la jornada laboral o el trabajo infantil). Algo de esto puede verse en Argentina, en las últimas décadas. También en Brasil, y otros lugares del mundo se implementan planes de asistencia, que gozan de la aprobación de organismos internacionales, como el Banco Mundial, y publicaciones del establishment, como The Economist. Y fueron implementados desde hace años en los países industrializados. No se trata, por lo tanto, de una particular actitud K-revolucionaria. Pero además, es importante entender que en la aprobación de estas medidas confluyen tanto la lucha de clases, como la defensa de los intereses de largo plazo de la clase dominante. Por ejemplo, en 2001 y 2002 había una extendida preocupación en la clase dominante argentina tanto por la pérdida de legitimidad política que padecía el sistema político (sacudido por los piqueteros y las manifestaciones populares), como por las consecuencias que tenía a largo plazo, para la reproducción misma de la fuerza de trabajo, el hambre y la desnutrición infantil generalizadas. A ello se suma el rol de las luchas populares en la determinación de lo que es social y hasta “moralmente inaceptable”. Escribe Poulantzas.
“No hay que olvidarlo en ningún momento: toda una serie de medidas económicas del Estado., y muy particularmente las relativas a la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, le han sido impuestas por la lucha de las clases dominadas en torno a lo que puede designarse con la noción, determinada social e históricamente, de “necesidades” populares: desde la seguridad social a la política relativa al paro y al conjunto de sectores… del consumo colectivo. … las famosas funciones sociales del Estado dependen directamente, tanto en su existencia como en sus ritmos y modalidades, de la intensidad de la movilización popular: ya sea como efecto de las luchas, ya sea como tentativa del Estado para desarmarlas por anticipado” (p. 225).
La idea de que el nivel en que se establece la “necesidad” popular es impuesto por la lucha (dado un cierto desarrollo de las fuerzas productivas) entronca con la tesis de Marx del carácter histórico y social del valor de la fuerza de trabajo. De ahí las medidas del Estado para garantizar y abaratar la reproducción de esa fuerza de trabajo. Medidas que no están en contradicción con el sostenimiento del poder de la clase dominante. Sigue Poulantzas:
“Pero si esto muestra que no se trata de “puras” medidas sociales de un Estado-Providencia, muestra también otra cosa: no existen, de un lado, funciones del Estado favorables a las masas populares, impuestas por ellas, y de otro lado, funciones económicas a favor del capital. Todas las disposiciones adoptadas por el Estado capitalista, incluso las impuestas por las masas populares, se insertan finalmente, a la larga, en una estrategia a favor del capital, o compatible con su reproducción ampliada. El Estado se hace cargo de las medidas esenciales a favor de la acumulación ampliada del capital y las elabora políticamente teniendo en cuenta la relación de fuerzas con las clases dominadas y sus resistencias, o sea, de modo tal que esas medidas puedan, mediante ciertas concesiones a las clases dominadas (las conquistas populares), garantizar la reproducción de la hegemonía de clase y de la dominación del conjunto de la burguesía sobre las masas populares. No sólo el Estado asegura ese mecanismo sino que es el único capaz de asegurarlo: las clases y fracciones dominantes, dejadas a ellas mismas y a sus intereses económico-corporativo, serían incapaces de hacerlo” (pp. 225-6).
Subrayo, se trata de conquistas del movimiento de masas (pensemos en la lucha que están librando los estudiantes chilenos por la educación gratuita), y como tal deben ser valoradas; pero esto no significa que, en el largo plazo, no sean absorbidas por el Estado, de una manera que garantiza la reproducción de la dominación de clase. Si esto es así, se desprende que no es posible acabar con la explotación del capital por una acumulación de medidas de este tipo, como soñó históricamente el reformismo. Las reivindicaciones que se obtienen impiden la degradación completa de la clase trabajadora y de los sectores populares sumergidos (es la significación de los Planes Trabajar, de la AUH); y pueden mejorar las condiciones para luchar por la liberación (educación y preparación intelectual, cuidado de la salud, etc.). Pero nunca debería olvidarse el otro aspecto de la cuestión. Son instrumentadas por el Estado para garantizar la continuidad del sistema. De nuevo Poulantzas:
“Por último, la adopción por el mismo Estado de ciertas reivindicaciones materiales populares que pueden revestir, a la hora de imponerse, una significación bastante radical (enseñanza pública, libre y gratuita, seguridad social, seguro de paro, etc.), a la larga pueden servir a la hegemonía de clase. En el curso de un cambio de la relación de fuerzas, esas “conquistas populares” pueden ser despojadas progresivamente de su contenido y carácter iniciales, de manera indirecta y recubierta” (p. 226). Y todavía más adelante, refiriéndose a la reproducción de la fuerza de trabajo, señala que “los elementos político-ideológicos están siempre constitutivamente presentes. Ante todo, bajo su aspecto represivo, el del ejercicio de la violencia organizada. Jamás se insistirá bastante en el hecho de que las diversas disposiciones “sociales” del Estado-Providencia, con vistas a la reproducción de la fuerza de trabajo y en las esferas del consumo colectivo, son también intervenciones encaminadas a la gestión y el control político-policial de esa fuerza. Los hechos son ya conocidos: redes de asistencia social, circuitos de ayuda al paro y oficinas de colocación, organización material del espacio de las viviendas llamadas “sociales” (o ciudades de tránsito), ramas específicas de enseñanza (la de la llamada técnica o clases de transición), asilos y hospitales, son otros tantos lugares políticos de control jurídico-policial de la fuerza de trabajo” (p. 226-7).
Espero que esas líneas sean útiles para la reflexión en el espacio del marxismo sobre el sentido de algunas políticas en curso. Lógicamente, no se trata de renunciar a la lucha por reformas, sino de mantener la perspectiva crítica. Los marxistas luchan por reformas y mejoras (alguna vez Lenin dijo que las reformas son demasiado serias como para dejarlas en manos de los reformistas), pero no por ello se pliegan a la defensa de la propiedad privada del capital.
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