"Hasta ahora, los filósofos han tratado de comprender el mundo; de lo que se trata sin embargo, es de cambiarlo" Karl Marx

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domingo, 7 de agosto de 2011

Pequeña cartografía de la crisis habitacional argentina

Ahora Tucumán, y desde hace una semana Jujuy, le ponen fuego a una crisis estructural e histórica que padece el país. Según cifras oficiales elaboradas a partir del último censo, en todo el territorio nacional hay tres millones de personas con problemas de vivienda. Para responder a toda la población que padece este drama hace falta construir 300 mil casas nuevas y refaccionar 2,7 millones de hogares. Las provincias del norte son las más afectadas. Allí, cuatro de cada diez casas no cubren las condiciones habitacionales mínimas. Miradas al Sur describe aquí algunos de los lugares más conflictivos.
TUCUMÁN. Títulos de propiedad y desalojos violentos
Anteayer en Tucumán la jueza de menores Nora Raquel Wexler ordenó el desalojo del barrio Villa 9 de Julio en el norte de la ciudad capital de San Miguel. Con esa decisión, habilitó a la policía provincial a intervenir utilizando la fuerza pública. El saldo fueron más de 20 heridos de gravedad, luego del enfrentamiento que los uniformados tuvieron con los ocupantes del predio, que venían de otros barrios creados recientemente, como el Sitravi y el San Francisco Asís.
Más allá de la legítima pregunta sobre si una decisión judicial puede ser instigadora de violencia, el déficit habitacional se replica en Tucumán como un eco que recorre el país. Y que viene de lejos y hace tiempo. “En los ’70, en Tucumán no hubo ninguna política territorial”, cuenta Hugo Cabral, Defensor del Pueblo de esa provincia. “Luego, en los sucesivos gobiernos democráticos hubo una política retributiva más que distributiva: se les daba vivienda llave en mano a quienes podían pagarla, de modo que gente de clase media con un solo hijo accedía a tres ambientes, mientras que una familia del sector popular con seis hijos vivía en una habitación pequeña.”
La olla a presión habitacional que es el Gran San Miguel, ya tuvo antecedentes de desalojos este año y durante 2010. En noviembre último, fueron desalojadas 80 familias de Villa Carmela. El gobierno provincial de José Alperovich, electo en 2003, ha venido promoviendo una política de titulación de tierras ocupadas. Entre su capital político figura la construcción de cerca de 20 mil viviendas y 35 mil “soluciones habitacionales”, es decir, mejoramiento de casas preexistentes, sobre todo en el aspecto sanitario. Sin embargo, la dificultad de acceso a la tierra urbana en el noroeste tiene características similares a otras ciudades del país: la falta de suelos y el crecimiento vegetativo de la población es en el corto plazo una deuda insalvable aún para políticas habitacionales proactivas. En San Miguel, hasta se han construido viviendas precarias en las antiguas vías férreas de los trenes Mitre y Belgrano.
Según Cabral, que fue Coordinador Provincial del Programa Federal de Emergencia Habitacional, el Estado Nacional debería adoptar “una política de compra de tierras, expropiación y urbanización” en todo el país. La próxima reunión de Defensores del Pueblo voy a proponer una recomendación para que el Estado se convierta en el planificador central de la política territorial en la Argentina”.
La represión en Villa 9 de Julio, se inscribe en un marco electoral. El 28 de agosto, se eligen cargos provinciales y comunales, además del de gobernador, por el cual Alperovich va por la re-reelección con Juan Manzur como vice.
NEUQUÉN. Capital nacional de la toma
De 48 barrios que tiene la capital, 14 nacieron como asentamientos ilegales. La provincia está surcada por más de 70 tomas de tierras, incluso mucho de los barrios de la capital provincial actuales nacieron como asentamientos. La mayoría de ellas sucedieron en los comienzos de la década del ’80, en la zona oeste de la ciudad. Algunos portales de noticias señalan que desde la dirección de Resguardo territorial de la provincia advierten que durante los primeros seis meses de este año se produjeron 56 tomas, la mayoría en terrenos municipales del oeste de la capital provincial.
El pasado 17 de junio cuando Lilén Leiva, de dos años de edad, murió al incendiarse la precaria casilla de madera en la que vivía y que es parte de una toma en un predio deportivo ubicado en Junín de los Andes. A pesar de esta situación la gente sigue allí y no se ha podido resolver la situación de los ocupantes. La toma de Junín de los Andes ya lleva más de dos años. En esta zona del país muchos de los terrenos pertenecen a grandes estancieros que ni siquiera la ponen a producir. La historia de Neuquén es la historia de las tomas. Según un trabajo de posgrado de la licenciada Nieves Romero, el 25 por ciento de los habitantes de la ciudad de Neuquén vive en tomas o en tierras que fueron tomadas y posteriormente regularizadas. “Creemos que en toda la provincia hay 15 mil familias con problemas de techo en la ciudad, pero pueden ser más”, señala el arquitecto Carlos Di Camilo, integrante de la Subsecretaría municipal de vivienda y agrega: “Aproximadamente, el 40 por ciento de la zona urbana de la cuidad tuvo sus orígenes en asentamientos clandestinos”.
MENDOZA. El rasgo antisísmico del hogar
Según el Ministerio de Infraestructura provincial, se necesitan cerca de 130 mil hogares para cubrir las necesidades de toda la población de la provincia. En los primeros días de abril pasado, más de 70 familias que vivían en el Barrio Paraguay de la localidad de Guaymallén tomaron tierras desocupadas desde hacía 25 años que originariamente serían destinadas al emplazamiento de un parque, pero al momento de la ocupación era un basural. La toma tuvo momentos de tensión y sólo se destrabó cuando llegaron funcionarios del Instituto de Vivienda provincial, quienes prometieron el acceso a nuevas viviendas luego de que los vecinos se constituyeran en cooperativa. En el Gran Mendoza, hay 81.000 familias con déficit habitacional, esto es que están sin hogar, o cuyas casas tienen graves problemas. Estas cifras surgen de un reciente estudio realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina (Ieral) que tomó como base los guarismos obtenidos durante el censo de 2010. Mendoza tiene la particularidad de que en buena parte de su territorio se deben construir casas antisísmicas, lo que eleva el costo de cada unidad.
FORMOSA. Latifundios, Qom y represión
La formoseña es una de las poblaciones que más padece la falta de acceso a la tierra. Constituye un caso prototípico de las regiones del norte del país, con altos niveles de pobreza, concentración de la riqueza y una importante población indígena campesina en constante tensión con el complejo agrícola exportador, sus títulos de propiedad, aliados políticos, funcionarios judiciales y policiales. Aún está vivo el recuerdo del desalojo que a fines del año pasado dispuso el gobierno de Gildo Insfrán, que se cobró una víctima Qom de la comunidad La Primavera. El principal problema aquí es la titularidad de las tierras. Un caso emblemático es el de la familia Valdéz, por 40 años asentada en unas 36 hectáreas entregadas por Ricardo Buryaile (padre) como forma de pago por trabajos realizados. Pero su hijo, el diputado nacional, apenas falleció su progenitor traicionó su voluntad y a los pobladores. Eran tierras de descarte pero hoy se superapreciaron y, aunque es nada al lado de las 20 mil hectáreas familiares, la mayoría de cuyos títulos datan de tiempos de las dictaduras de Lanusse y Videla, la prepotencia del capital sigue gozando de favores institucionales y es sólo uno de los ejemplos.
CÓRDOBA. Expulsados por el imperio sojero
En la tierra del fernet, los problemas de acceso al suelo están delimitados en dos grandes grupos. Por un lado, el avance de la frontera agrícola (más de dos millones de hectáreas de soja transgénica) va generando conflictos inevitables, por el territorio, el uso del suelo y del monte cordobés.
La lógica de la producción sojera concentra el capital en pocas manos, el que a su vez es invertido en bienes raíces. En conjunción con el negocio de las grandes inmobiliarias, el acceso a la vivienda queda vedado y las masas de los campesinos expulsados del norte cordobés y de las familias de países limítrofes, llegadas para cubrir la mano de obra demandada por la construcción, no tienen muchas opciones. No hace mucho, los medios cordobeses se ufanaban del desembarco inmobiliario de luminarias de la talla de George Bush y Roemmers. Junto a Santa Fe, tuvo el año pasado el menor número de viviendas per cápita concluidas. Según los últimos relevamientos, la provincia tiene un déficit habitacional de 186 mil viviendas. Casi el 44 por ciento necesita una casa nueva, mientras que el resto puede ser solucionable mediante la refacción de los hogares en los que vive.
TIERRA DEL FUEGO. Ocupaciones del fin del mundo
El problema habitacional en la provincia más austral viene de lejos. Empezó a agravar sus problemas estructurales con la afluencia de trabajadores en busca de buena paga. Del 2001 al 2010, la población fueguina se incrementó en un 25 por ciento. El gasto en vivienda en 2009 superó los $ 800 por habitante, mientras en Corrientes o Formosa, no llegó a $ 200. El año pasado, el Ministerio de Planificación de la Nación aportó allí más de $ 700 por habitante mientras que en San Luis, por ejemplo, fue inferior a $ 1. No obstante, el problema habitacional continúa siendo la principal preocupación, conjugando dificultades para acceder a la tierra, falta de viviendas y grave carencia de servicios. El pasado abril visitó el país la Relatora de la ONU por el Derecho a la Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik. Junto a los hechos de Formosa y Capital Federal, remarcó la violencia de cooperativas privadas empleadas por el municipio de Ushuaia en asentamientos. Junto a las soluciones habituales, al Sur se oye fuerte la palabra expropiación. En la provincia, una familia necesita por lo menos 2.500 pesos para poder alquilar un departamento. La mayoría de las tomas suceden en tierras fiscales provinciales.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. La máxima desigualdad socioespacial
La provincia de Buenos Aires es muy grande. Son casi 308 mil metros cuadrados para algo más de 15 millones de habitantes. Con regiones rurales, costeras, ribereñas y urbanas; con partes de pampa húmeda y otras de desierto, con extrema riqueza y pobreza, no es seguro que posea todos los climas tanto como que posee toda la gama de conflictos por el acceso a la tierra.
Quilmes es uno de los distritos con más casos de tierras ocupadas por familias que no tienen un techo. Apenas menor es la ocupación en localidades como González Catán, Villa Madero y Florencio Varela, y en los alrededores de la ciudad de La Plata. Por estos días, 300 familias del barrio El Triunfo, en Monte Grande, resisten la orden de la Justicia y en similar situación están en Bragado. Carmen de Patagones y Mar del Plata también tuvieron sus desalojos violentos.
La desigualdad socioespacial no se manifiesta preponderantemente con el corrimiento de los límites de la industria agroexportadora, aunque mucho tenga que ver en la inmigración interna y externa. En la provincia, hay unos 600 barrios cerrados (la mitad, en situación irregular) que ocupan unas 40 mil hectáreas. El doble de la superficie de la Capital Federal. Mientras en esas zonas hay tres hogares por hectárea, en la Ciudad hay 51. El empeoramiento de la distribución del espacio residencial también encontró fuertes fundamentos en la mejora económica, la demanda y la consiguiente suba de precios, que vedan el acceso a sectores medios y bajos.

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