En el origen fue el desorden y el caos. Lo que hoy son procesos políticos consolidados, electoralmente mayoritarios, con liderazgos apoyados por la ciudadana, tuvieron un comienzo tumultuoso e incierto. En un continente con una fuerte tradición de movilizaciones sociales, el fin del ciclo político neoliberal estuvo signado por estallidos populares que tuvieron el denominador común de poner en la superficie las secuelas sociales de los planes de ajuste. Si el 19 y 20 argentino puede entenderse como el quiebre del consenso social en torno a esas políticas, algo similar ocurrió en otros países de Sudamérica.
En la mañana del 27 de febrero de 1989 los vecinos de los barrios más populares de Caracas sintieron el efecto concreto del nuevo paquete económico del gobierno de Andrés Pérez: un aumento en los pasajes del transporte público producto de la decisión de incrementar en un 100% el precio de la gasolina. A esto se sumaba a la liberalización general de precios y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las movilizaciones y saqueos se multiplicaron en toda la capital y otras ciudades del país. El presidente decretó el “estado de emergencia” y los militares fueron puestos en las calles, fusil en mano. El saldo fue trágico, con cientos o miles de muertos, según quien cuente. Este estallido ocurrió diez años antes de la llegada de Chávez al poder, pero en 1992 el entonces joven coronel condujo un levantamiento militar que tuvo su legitimación en aquella revuelta del 89. Hasta ese momento, Venezuela había vivido un siglo XX atípico, con continuidad democrática desde fines de los 50 y una marcada desmovilización popular. Todo eso pareció cambiar después del Caracazo. Y las señales aún están presentes: uno de los rasgos del chavismo, aún después de 13 años en el poder, es una representación política “basista”, poco ligada a las estructuras políticas formales, con un peso modesto de los sindicatos y partidos. Es el “pueblo alzao”. Ese espontaneísmo del Caracazo volvió surgir durante el golpe contra Chávez en 2002: la recuperación de la democracia comenzó con las movilizaciones de los barrios pobres de Caracas, cuando las estructuras políticas bolivarianas todavía estaban en estado de shock.
La llegada de Evo Morales estuvo precedida por una cronología de luchas sociales. A diferencia del caso venezolano y de nuestro país, no hubo un “momento” de quiebre, sino más bien un proceso de movilizaciones con un epicentro claro: los recursos naturales. El nombre de las revueltas (“guerra del agua”, “guerra del gas”, “bloqueos”) muestran un nivel de conflicto muy alto, pero también una separación tajante entre el Estado y la sociedad civil, que se explica por la exclusión histórica de los sectores populares y una tradición de organización comunitaria muy arraigada. En Bolivia lo espontáneo no cumplió un rol importante y el triunfo de Evo en el 2006 fue más la sumatoria de representaciones parciales (indígenas, campesinos, sindicatos, movimientos sociales, etc). Al igual que en Venezuela, esa característica de origen sigue actuando en el presente: los conflictos del gobierno pasan por mantener unido a ese mosaico de organizaciones, que tienen una legitimidad limitada a su territorio de acción pero muy fuerte, lo que les permite un grado de autonomía importante. Ser “el gobierno de los movimientos sociales” como suele decir Evo, es estar en una negociación permanente con las partes.
En la mañana del 27 de febrero de 1989 los vecinos de los barrios más populares de Caracas sintieron el efecto concreto del nuevo paquete económico del gobierno de Andrés Pérez: un aumento en los pasajes del transporte público producto de la decisión de incrementar en un 100% el precio de la gasolina. A esto se sumaba a la liberalización general de precios y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las movilizaciones y saqueos se multiplicaron en toda la capital y otras ciudades del país. El presidente decretó el “estado de emergencia” y los militares fueron puestos en las calles, fusil en mano. El saldo fue trágico, con cientos o miles de muertos, según quien cuente. Este estallido ocurrió diez años antes de la llegada de Chávez al poder, pero en 1992 el entonces joven coronel condujo un levantamiento militar que tuvo su legitimación en aquella revuelta del 89. Hasta ese momento, Venezuela había vivido un siglo XX atípico, con continuidad democrática desde fines de los 50 y una marcada desmovilización popular. Todo eso pareció cambiar después del Caracazo. Y las señales aún están presentes: uno de los rasgos del chavismo, aún después de 13 años en el poder, es una representación política “basista”, poco ligada a las estructuras políticas formales, con un peso modesto de los sindicatos y partidos. Es el “pueblo alzao”. Ese espontaneísmo del Caracazo volvió surgir durante el golpe contra Chávez en 2002: la recuperación de la democracia comenzó con las movilizaciones de los barrios pobres de Caracas, cuando las estructuras políticas bolivarianas todavía estaban en estado de shock.
La llegada de Evo Morales estuvo precedida por una cronología de luchas sociales. A diferencia del caso venezolano y de nuestro país, no hubo un “momento” de quiebre, sino más bien un proceso de movilizaciones con un epicentro claro: los recursos naturales. El nombre de las revueltas (“guerra del agua”, “guerra del gas”, “bloqueos”) muestran un nivel de conflicto muy alto, pero también una separación tajante entre el Estado y la sociedad civil, que se explica por la exclusión histórica de los sectores populares y una tradición de organización comunitaria muy arraigada. En Bolivia lo espontáneo no cumplió un rol importante y el triunfo de Evo en el 2006 fue más la sumatoria de representaciones parciales (indígenas, campesinos, sindicatos, movimientos sociales, etc). Al igual que en Venezuela, esa característica de origen sigue actuando en el presente: los conflictos del gobierno pasan por mantener unido a ese mosaico de organizaciones, que tienen una legitimidad limitada a su territorio de acción pero muy fuerte, lo que les permite un grado de autonomía importante. Ser “el gobierno de los movimientos sociales” como suele decir Evo, es estar en una negociación permanente con las partes.
Vaya a saber si por imitación o coincidencia el “que se vayan todos” de Buenos Aires reapareció en las calles de Quito en el 2005. Protagonizada por sectores medios, la revuelta tenía como destinatario el gobierno de Lucio Gutiérrez. Parecía un capítulo más de una saga de rebeliones y gobiernos breves que venía desde el año 2000. Sin embargo marcó el surgimiento de la figura de Rafael Correa. Según contó después, estuvo esos días en las calles “como un forajido más”. La velocidad de la crisis política permitió que dos años después ganara las elecciones presidenciales. El movimiento que fundó, “Revolución Ciudadana”, da cuenta de una representación difusa, donde se mezcla el hartazgo clasemediero por la corrupción con demandas sociales y económicas más profundas, en un marco de movilización inorgánica y con una relación tirante con las formas “duras” del movimiento indígena.
A esta trilogía hay que sumar el caso argentino. No casualmente son estos los países donde el debate político, la intervención del Estado y la resistencia de las elites tuvieron una mayor profundidad durante estos años. Al fin y al cabo, sociedades inconformes y peleadoras construyeron gobiernos a su imagen y semejanza.
A esta trilogía hay que sumar el caso argentino. No casualmente son estos los países donde el debate político, la intervención del Estado y la resistencia de las elites tuvieron una mayor profundidad durante estos años. Al fin y al cabo, sociedades inconformes y peleadoras construyeron gobiernos a su imagen y semejanza.
Fede Vazquez
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