"Hasta ahora, los filósofos han tratado de comprender el mundo; de lo que se trata sin embargo, es de cambiarlo" Karl Marx

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martes, 5 de junio de 2012

Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería (por Darío Aranda desde Loncopué, Neuquén)

Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.
Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. “Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).
Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: “Soy empleado municipal, bautizame don Jorge”. Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente”.
Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: “Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo”.
A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.
Asambleas + comunidad indígena
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).
De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.
Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.
La “democracia” del MPN
A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: “No te dejes engañar. No vayas a votar”. No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.
El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos “Nuno” Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.
Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. “Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder”, explicó Viviana Vaca.
A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.
El ministro viajero
A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. “Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten”, acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.
La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: “Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente”, le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.
A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: “Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible”, le reprochó la Junta.
La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.
Patota click
Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.
A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: “¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!”.
La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron “órdenes de arriba”. El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había “preocupado” por un ciudadano de Loncopué.
Un grito y muchos datos
Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.
A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados
   Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).
Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga “sí” a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.
Como en Esquel
Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.
“Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un  Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones”, explicó aún en los pasillos de la escuela 168.
Pidió que “estos mecanismos democráticos” (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. “Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia”, ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.
Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irrevsesible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: “Tenemos derechos a votar” y “No a la megaminería”.
Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.

jueves, 1 de marzo de 2012

Advierten sobre convocante de manifestación por Andalgalá en la Ciudad de Buenos Aires

En todo el país, hoy primero de marzo se realizan diferentes manifestaciones contra la megaminería, la mayoría "autoconvocadas" por las redes sociales. En la Ciudad de Buenos Aires, la polémica se desató en las últimas horas. La organización Conciencia Solidaria, que en primera instancia se había unido a la reunión en Plaza Lavalle, cambió el lugar al Obelisco. En el trasfondo de esta decisión, otras organizaciones ambientales y de derechos humanos ponen el alerta sobre el abogado detrás de la convocatoria frente a Tribunales.
No tiene y rechaza el contacto con asambleístas de Andalgalá. No adhirió a convocatorias anteriores contra la represión sufrida por los pobladores de Catamarca, en Belén y Tinogasta. Está ejerciendo la representación de comunidades originarias sin ningún conocimiento de derecho indígena. Las acusaciones son graves y continúan. Según una de la más importantes, formulada por una organización que trabaja hace años en derecho ambiental, el abogado no tiene real preocupación por la causa contra la mega-minería, sino que se acercó al tema con sentido oportunista, cuando el pueblo de Andalgalá se enfrentaba a la noticia de que se estudiaba realizar un proyecto minero en su propio pueblo.
Así es, según consta en medios locales, el abogado mediático Gregorio Dalbón tomó contacto con el tema para impulsar que se junten firmas para pedir una indemnización, frente a lo que planteaba como un inminente traslado desde el pueblo hacia el otro lugar. En enero de 2010, la estrategia era presentar como "inevitable" la realización de una explotación minera en Pilciao 16, sobre el mismo pueblo de Andalgalá. Por supuesto, semanas después, en febrero del mismo año, se realizaría el "Andalgalazo", luego de la represión sufrida, mediante el cual se frenó el proyecto Agua Rica y también se puso en conocimiento a todo el pueblo sobre la problemática.
Hoy los asambleístas de El Algarrobo confirman que no tiene relación alguna con este abogado, a pesar de que se publicita en las redes sociales con el nombre "Andalgalá de pie". Desde allí, hace tiempo que publicita una convocatoria para la fecha en donde "la Comunidad Diaguita de Andalgala" y ciudadanos independientes "pedirán a la Corte Suprema desde Plaza Lavalle el cese de toda actividad contaminante en Andalgalá". Se refiere así a una acción de amparo de la que el abogado no dio mayores detalles. Por ello, desde quienes están comprometidos desde hace tiempo, la preocupación surge y hasta denuncian posibles contactos con la empresa.
Desde una prestigiosa organización de derechos humanos, que trabaja hace años con pueblos originarios, advirtieron a ComAmbiental que Dalbon "no es especialista en derecho indígena". Y que esto es peligroso porque una mala presentación, en un tema de gran complejidad, genera una jurisprudencia negativa para el resto de las demandas. De hecho, el abogado es famoso por presentarse en causas de dignificados contra accidentes de tránsito, logrando grandes indemnizaciones que también benefician al estudio. El mismo interés estaría detrás de su foco en el pueblo de Andalgalá.
La ONG Conciencia Solidaria, que también se ocupa de la lucha contra la mega-minería desde hace años, con un aporte importante en contacto con las asambleas, fue quien terminó de instalar el alerta en las redes sociales. "Ante la posible intromisión de un supuesto abogado que representaría a la comunidad diaguita, que quiere utilizar para intereses personales la genuina movilización de la sociedad en contra de la minería a cielo abierto, Conciencia Solidaria decide cambiar el punto de encuentro del repudio a minería a cielo abierto", escribieron. 
A la convocatoria en el obelisco, se suma el grupo "El Aconquija es Argentino", "El Famatina no se toca", y la propia asamblea de Tinogasta. Los siguientes son los puntos de encuentro en todo el país para el día:
- LA RIOJA CAPITAL , PLAZA 25 DE MAYO
- TUCUMAN - PLAZA INDEPENDENCIA
- CAPITAL FEDERAL, EN EL OBELISCO
- MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, MONUMENTO SAN MARTÍN
- LA PLATA, BUENOS AIRES, 7 y 50
- ROSARIO, MONUMENTO A LA BANDERA
- CORDOBA, CORDOBA, PATIO DE OLMOS
- SANTA ROSA, LA PAMPA, PLAZA SAN MARTÍN
- VIEDMA, RIO NEGRO, PLAZA SAN MARTÍN
- PERGAMINO, BUENOS AIRES, PLAZA MERCED
- PARANA, ENTRE RIOS, MONUMENTO A LA BANDERA
- LA RIOJA, CHILECITO, PLAZA CAUDILLOS FEDERALES
- CORDOBA, RIO CUARTO, PLAZA ROCA
- SAN MARTÍN DE LOS ANDES, NEUQUEN, PLAZA SAN MARTIÍN
- TRES ARROYOS, BUENOS AIRES
- SAN LUIS, SAN LUIS, ILLIA Y SAN MARTÍN
- SANTA FE CAPITAL, FRENTE A CASA DE GOBIERNO
- PLOTTIER, NEUQUEN, PLAZA SAN MARTÍN
- RESISTENCIA, CHACO, PLAZA 25 DE MAYO
- MENDOZA, VALLE DE UCO, PLAZA LA CONSULTA
- JUNIN, BUENOS AIRES, PLAZA DEL MILENIO
- SAN RAFAEL, MENDOZA, PLAZA SAN MARTÍN
- BELLA VISTA CORRIENTES.
- SALTA, SALTA, PLAZOLETA 4 SIGLOS
- NEUQUÉN, NEUQUÉN, MONUMENTO SAN MARTÍN
- CIPOLLETTI, RIO NEGRO, PLAZA DE LA JUSTICIA
- CHACO, CHACO, ALBERDI Y PEATONAL
- VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA, MONUMENTO A MALVINAS
- VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, QUINTA PRESIDENCIAL
- SAN MARTÍN, MENDOZA, PASEO DE LA PATRIA
- CONCORDIA, ENTRE RIOS, PLAZA 25 DE MAYO
- S.S. DE JUJUY, JUJUY, PLAZA BELGRANO

http://www.comambiental.com.ar/2012/03/advierten-sobre-convocante-de.html


miércoles, 22 de febrero de 2012

Argentina, buen negocio para las mineras

Lo señala el especialista Nicolás Gutman. Sostiene que los organismos internacionales ayudaron a preparar el terreno con el marco normativo para favorecer a las compañías.
 “El saqueo de hoy tiene casi dos décadas de preparación: durante los años ‘80 y ‘90, de la mano del Banco Mundial y de los respectivos bancos regionales, en nuestro caso el Banco Interamericano de Desarrollo, se reformaron 107 códigos mineros y tratados de inversión en países de lo que llamamos el tercer mundo. Argentina fue uno de ellos. No es casual que entonces hayamos tenido al menemismo, que era el que podía permitir esto”, asegura Nicolás Gutman, licenciado en Ciencia Política (UBA) y magíster en Economía y Políticas Públicas (George Mason University).
“Esa fue la preparación de lo que estamos viendo ahora, que es la carrera por la extracción de todos los recursos porque, se sabe, serán imprescindibles en pocos años. Entonces, esta es una situación de gran disputa de poder efectivo. Y los interesados no se van a ir porque la gente corte una ruta o alguien diga que el cianuro es malo. Por eso, cada día que pasamos con este Código Minero es un día más de saqueo y estamos comprometiendo un poco más nuestro futuro. La discusión es imprescindible y tiene que ser ya, ahora, lo antes posible”, señala el especialista, que ha trabajado en África y América en temas de desarrollo e impacto ambiental de esta industria.

¿Cómo y cuándo se aprueba este Código Minero?
La reforma del Código Minero se hizo en 1994 y fue una negociación dentro de la reforma de la Constitución. El acuerdo fue que, a cambio del apoyo de los gobernadores a la reforma, se les entregaron las riquezas del subsuelo a cada provincia.
Es decir, las dos cosas que estamos discutiendo hoy y que son recursos estratégicos: petróleo y minerales. Eso tuvo la consecuencia grave de que ya no fue el Estado el que se sentaba a negociar con las multinacionales, sino un gobernador de provincia.
Es decir, divide y reinarás. Si ya sería fácil negociar con la Nación, porque muchas de estas mineras tienen un valor de mercado mayor al del PBI argentino, ¿qué queda para un gobernador? Lo que queda es lo que sucede: permitir el saqueo. Pero el saqueo está avalado, legalizado y estimulado por el Código Minero, que es muy perverso.

¿Quiénes acuerdan este Código?
Los responsables son los mismos que vemos defendiendo a las mineras hoy. No se fue ninguno. Es un grupo de poder provincial, con los hermanos Gioja a la cabeza. El actual gobernador de San Juan (José Luis) era el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y su hermano (César) de la de la Cámara de Senadores.
Y su amigo, entonces secretario de Minería de la provincia y hoy de la Nación, Jorge
Mayoral. Y Carlos Menem, claro. Todos ellos, principalmente, sacaron este Código sin ninguna discusión política gracias a que los dos Gioja estaban en las cámaras. Y no hay dudas de que es un código hecho a la medida de las mineras. Es más, ese código ni siquiera fue redactado acá. Sino en Denver, Estados Unidos, y en Toronto, Canadá, donde están los grandes intereses que vienen detrás y que tienen a este sector político como representante local. En realidad, todos los códigos mineros que se impusieron, como los de Filipinas, Honduras, Indonesia, Namibia y Argentina, entre otros cien, son todos muy similares. Es más, hay pasajes del argentino que son, con puntos y comas, exactos al filipino. Así de absurdo, y de impune, es todo.

Más allá de la discusión ecológica, ¿qué pasa en términos económicos?
La megaminería es una economía de enclave. Esto quiere decir que no está asociada al entorno en donde está radicada y no implica ningún tipo de desarrollo. Se trata de extraer un recurso con el menor costo posible y llevárselo. Es decir, todo el agregado de valor, procesamiento, refinamiento, búsqueda de mercados, etc., se hace en otro lugar, en el de origen de las empresas o en otro. Y lo que genera es nada... Seguro que si alguien escucha los números va a pensar que es mucho, pero eso es casi inexistente con relación al recurso que se está sacando. Así funcionan estos proyectos en la Argentina.
De la misma manera que funcionan en África.

¿Alcanza con aumentar las regalías?
Partiendo desde la base de que ya la regalía es algo arcaico, no es que cada provincia establece lo que quiere cobrar de regalías. Si no que este Código Minero dice que el máximo de regalías es el 3 %. El máximo. O sea que, con un máximo de hasta el 3%, cada provincia adhiere a lo que quiere. Entonces hay algunas a las que el 3% les parece mucho y adhieren con el 2 o con el 1,5. Argentina es un negocio absolutamente fabuloso para las mineras. Ya lo era cuando todo esto se empezó a generar y el precio internacional de los metales era muchísimo menor. Así que hoy es dos o tres veces más fabuloso. Entonces, ahora algunos gobernadores dicen que van a aumentar las regalías como si estuvieran haciendo una declaración de defensa de la soberanía sanjuanina... Lo único que hacen es calmar los conflictos sociales y seguir permitiéndole a las empresas que hagan su negocio. Porque las empresas nunca van a decir que no. Nunca, aunque se las multipliquen, cosa que acá nadie propone, porque lo máximo que se quiere hacer es llevarlas del 3% al 5%. Pero, además, ahora son muchos más los países que necesitan recursos naturales porque, se sabe, en poco tiempo más estas materias primas van a estar escaseando... Sólo desde una visión a mediano plazo, ya no digo largo, lo que está haciendo la Argentina es, desde cualquier punto de vista, un negocio desastroso.

¿Las regalías son todo lo que pagan las mineras?
La regalía es el derecho al acceso al recurso ajeno. Eso es lo único que pagan las empresas para quedarse con algo que es de la Argentina, y que, además, es un recurso natural no renovable. Ahora todos están desesperados tratando de mostrar cuánto aporta la minería, diciendo que pagan impuestos a las ganancias y aportes sociales. ¿Encima no querían hacer los aportes sociales de la gente? Aclarar esto ya es tomar a los argentinos de estúpidos, porque si el quiosquero de mi barrio paga impuesto a las ganancias y cargas sociales de sus empleados, no veo el valor de que las mineras lo paguen. Es una obligación. Es más, a mí me hace preguntarme: ¿cómo alguien que se está llevando la riqueza del subsuelo paga lo mismo que paga un comerciante? Encima, es mentira que paguen lo mismo, porque las mineras están eximidas del impuesto al cheque, del impuesto al combustible y tienen subsidiados el combustible y la energía, recurso que gastan en enormes cantidades. Sólo para darse una idea, una mina como Bajo La Alumbrera consume lo mismo que una ciudad de medio millón de habitantes, como Mar del Plata. O sea que el quiosquero y yo pagamos más impuestos que una multinacional que factura más que el PBI argentino.

Los defensores de la megaminería hablan de inversión y de puestos de trabajo.
Todo está dicho y presentado para confundir. Y esa confusión parte del difícil acceso a los números reales, porque la Secretaría de Minería los guarda como si fuera un secreto de Estado. Mientras tanto, hablan de inversiones de miles de millones de dólares. Que no existen: porque toda la maquinaria la traen desde el exterior sin pagar impuestos, otro privilegio del Código Minero. Y, por supuesto, cuando se van, veinte años después, si todavía sirve, se la llevan. Y en cuanto a la infraestructura, la realidad es que no generan más que la que necesitan para la mina que, además, tiene esa única utilidad.
Porque Argentina no es África, donde no hay caminos, entonces la minera los construye y quedan. Acá están los caminos que, además los usan y destruyen, porque cientos de camiones de 20 ejes por mes, basta con ver cómo queda la ruta... También en Perú o en Bolivia antes se daba esta discusión. Pero Argentina no necesita ir a rogarle a una empresa minera que le construya una ruta o una salita de primeros auxilios. Eso no es inversión ni desarrollo. Eso es dejarse saquear. Y respecto de los puestos de trabajo, sin menos preciar de ninguna manera el empleo, no hay puestos de trabajo que justifiquen todo lo anterior. Además, también se miente sobre esto: Bajo la Alumbrera prometía 10 mil puestos antes de llegar. Basta con ir y ver que hay 800 personas trabajando como mucho y mil si se cuenta hasta el remisero que lleva gente a la mina.

¿Por qué cree que el Gobierno, que ha revertido las políticas menemistas en muchas áreas, no muestra intenciones de revertir esta?
Es una situación un poco contradictoria desde mi punto de vista. Porque veo que está avanzando hacia la posibilidad de recuperar YPF y no toca el modelo minero. Cuando lo de YPF es más complejo, porque el país no puede funcionar sin petróleo ni un día. Se para. Así que si puede hacer eso, también podría hacer esto. Pero claro, la minería no le puede parar el país, entonces no es tan relevante hoy, aunque esto es discutible, y a su vez genera una entrada de plata muy importante. Y todos sabemos que gobernar con bonanza económica es mucho más fácil que gobernar con crisis. No es un problema sólo argentino. El dinero que mueve la minería es absolutamente gigantesco y son muchos los países que están cediendo. También los australianos y brasileños, aunque con otros modelos. En el caso de Australia con empresas propias y desarrollo minero local. Aunque esto no los exime de las presiones. Incluso en 2010 renunció el primer ministro porque quiso cobrarle un impuesto a las ganancias extraordinario. Igual ahora, su sucesora está intentando lo mismo: pero no un 3% o un 5% de regalías, como estamos discutiendo nosotros. Si no que están viendo de cobrarles un 40 o 50% de su facturación. Y en el caso de Brasil también ceden, pero con una empresa minera que está entre las más grandes del mundo (Vale) y en la que el Estado tiene una acción de oro y el 50% del directorio. Ojo, ceden de todas maneras y los riesgos ambientales también los tienen. Lo que pasa es que, al menos, la riqueza queda para sus países y no se la llevan otros.
¿Cómo se revierte el Código Minero?
No es una decisión sola del Poder Ejecutivo. Se necesita un pacto político del oficialismo y de la oposición, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Es una estructura jurídica muy compleja y larga, que no es que se deroga y listo. Hay muchos, y muy poderosos, intereses en juego. Pero además porque este mamarracho es parte del legado más nefasto del menemismo y sería una reparación histórica. El tema es que no hay que seguir esperando, porque estos procesos llevan tiempo y ya hay una intuición de que las reglas de juego están cambiando. Entonces, en este período transicional, lamentablemente este secretario de Minería, estoy convencido, va a aprobar todos los proyectos que tiene en carpeta. Y que no son diez ni veinte. Sólo los grandes proyectos son más de 200. Y una vez que se lo firma, eso es derecho adquirido. Y sucede como en El Salvador, donde una empresa que no había invertido un sólo peso le ganó una demanda al Estado por 200 millones de dólares porque, por razones ambientales y de supervivencia de la población, les tiraron atrás el proyecto. Entonces, es una carrera contra el tiempo. Además, somos el único país en el que los problemas ambientales de la minería, que son los más complejos junto con los de la energía nuclear, se manejan dentro de la misma autoridad que promueve y maneja la actividad. Entonces, esto se convierte en una bomba de tiempo. Porque una mina no va a generar un gravísimo problema. Pero si tenés 200, ponele la firma de que algo grave va a pasar. Es una cuestión de probabilística. Entonces, la discusión es mucho más profunda que el cianuro y el desarrollo.
Por PAULA BISTAGNINO

lunes, 20 de febrero de 2012

La MegaMinería y el debate que importa

¿Llegó la hora del debate? El análisis de la cobertura mediática, con las coincidencias entre La Nación y Página/12. Las dos estrategias. Separar el debate ambiental del debate sobre la rentabilidad. Y reducir el saqueo ambiental a un problema técnico.
"Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas". La teoría política sigue la frase atribuida a Mahatma Gandhi . Ya habíamos citado la obra de Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell cuando explicaban que ninguna sociedad tiene los recursos para ocuparse de todos los temas a la vez. Por eso, ya en lenguaje popular, a quien está ganando no le interesa debatir, le basta con "hacer la plancha". Así, como dijimos en la columna anterior, el reciente "convite" a realizar un "debate en serio" sobre la (mega)minería no es un gesto gratuito. Es ya un pequeño triunfo. Y por eso, no extraña que ayer domingo todos los diarios hayan publicado diversos artículos sobre el tema.

Uno se llama precisamente "Debate" de Alfredo Zaiat, publicado en Página/12. Así comienza justamente: "El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años". Y consiente: "El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras". Por ello mismo, puede decirse ahora que el oficialismo no está cómodo con el debate, está obligado a justificarse.

Más adelante el primer párrafo concluye con la idea principal del artículo: "Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo". No es una apreciación incorrecta. Sin embargo, la separación de ambos puntos implica la posibilidad de jerarquizar un aspecto por sobre otro.

De esta manera, su argumento principal sigue una línea adelantada por el conductor del programa televisivo "Duro de domar". Según esta perspectiva, existen dos debates: el ambiental y el de la rentabilidad. A decir verdad, el discurso no es una novedad. Ya lo habían explicitado incluso los hermanos Gioja. Se trata de decir que es posible la megaminería, solo se trata de repartir mejor las grandes ganancias que dejan estas explotaciones. En palabras de Zaiat, se trata de que la mega-minería pueda "ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales". Así, resolviendo esto, no importa lo otro.

Lo interesante de esto es que La Nación también alimentó este argumento en una de sus notas principales: "Más allá de los planteos ambientalistas, los números de Minera Alumbrera ayudan a explicar parte del descontento social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño", escribió. El artículo es claro en el análisis de los balances económicos. Sin embargo, también retoma la propia propuesta empresarial, al decir: "El Informe de Sustentabilidad de 2010 habla de generar oportunidades para `capturar el derrame´ que genera la minería. No sólo es una palabra odiosa para el relato oficialista: la furia desatada en esta ciudad apunta a que tampoco fue una oportunidad concretada". Nos preguntamos: ¿con esto alcanzaría?

Qué se debate. Volviendo a Oszalk y O´Donnel, no basta con que un tema se convierta en "cuestión" de debate para la agenda política. Buena parte de la evolución del conflicto consiste en definir cuál es el problema que se discute. En esta instancia nos encontramos ahora. Retomando a Gandhi, ya no es posible ignorar los reclamos. En un primer momento, se trató simplemente de ridiculizarlos, que es el núcleo principal de términos como "soldaditos verdes", "fundamentalistas eco-ambientalistas" o "eco-terroristas". Sin que esto cese, cuando no es suficiente, comenzamos con los ataques a los argumentos principales. Se trata entonces de analizar cuáles son estos contra-argumentos.

En este panorama, la visión ambiental es la más peligrosa para los defensores de la mega-minería. Esto no significa que esté recluida a los "ambientalistas", sino que incluye a los pueblos que luchan por sus territorios. Y allí es donde cobra sentido la denuncia del saqueo ambiental, donde lo ecológico, lo económico y lo político están interconectados. Frente a esto, los pro-mega-mineros están recurriendo a dos cuestiones principales. La primera, como vimos, es separar el "debate ambiental" del "debate económico". La segunda, es reducir el debate ambiental a "la contaminación", acotada a su vez a si se utiliza o no cianuro, y luego a la "cuestión técnica" de si el cianuro es "bueno o malo". Ya explicamos por qué esto no es así.

Más aún, también la columna política de Clarín destaca: "En algún lado debe estar el equilibrio". Sabemos que la posición de este diario es oscilante. Si desde su lugar de disputa política con el gobierno, trata de utilizar el conflicto por la mega-minería para criticar al gobierno, desde su posición empresarial mantiene vínculos con la corporación minera que no le permitirían radicalizar las críticas hasta llegar a la mirada ambiental. Así puede entenderse otra aparente paradoja: cierto tratamiento sensacionalista del multimedio alimenta la explicación oficialista, mentirosa, de que todo se trata de una "operación de Clarín", como alimenta Tiempo Argentino. Se desconoce, claro, la lucha de años de los asambleístas.

Esto último puede observarse en la buena entrevista realizada por Eduardo Anguita, en Miradas al Sur, al ingeniero Héctor Nievas. El testimonio detalla bien por qué Minera Alumbrera ya contaminó y al mismo tiempo degradó el sistema político de Catamarca. El dato a destacar, desde lo comunicacional, es lo que admite el periodista ante las declaraciones. "Es sorprendente esto que dice", menciona, y denota así la falta de información existente, justamente por haber ocultado el debate. Yendo al archivo, la palabra de Nieva puede encontrarse por ejemplo en el documental "Asecho a una ilusión", aquí retratado en un artículo del 2006. Y que frente a esta coyuntura no pierde actualidad.
En conclusión, hoy llaman a un "debate en serio", que está retrasado al menos seis años en el caso de Minera Alumbrera. Y una década si consideramos el hito de Esquel con su consulta popular. Ahora bien, lo que no es serio es que quienes todavía se estén poniendo al día, recurran a la ridiculización de pueblos que con esfuerzo lograron educarse sobre el saqueo ambiental que impone la mega-minería. Y el ataque de quienes en realidad se mueven por reacción, frente a lo que visualizan como un peligro para su partido político o sus intereses económicos. La buena noticia, aquí, es que primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, y entonces ganas.
Análisis por Eduardo Soler.
Ver también:
ComAmbiental: A Famatina hay que dejarlo en paz (febrero de 2012)
ComAmbiental: Mega-Minería: las razones del NO (enero de 2012)
ComAmbiental: Mussi / Vuelve / El debate sobre la Minería (2011)

sábado, 18 de febrero de 2012

Respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megamineria a la Señora Presidente de la Nación Doña Cristina Fernández-Unión de Asambleas Ciudadanas

Respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megamineria a la Señora Presidente de la Nación Doña Cristina Fernández
El jueves 9 de febrero, en el marco de un acto de inauguración, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó pidiendo un “debate responsable y en serio” sobre la minería en Argentina, y planto un pseudo acto circense en el que un aparente minero ‘despolitizado’ (luego devenido en experimentado militante político) reclama el deseo de “trabajar en paz”. Este señor, llamado Armando Domínguez, es el actual presidente del Partido Justicialista de la localidad de Olavarría y secretario General del gremio que los nuclea, AOMA. Y, según sabemos, hace 25 anos que no se pone un casco. Aun así, fue presentado como un obrero común que trabaja en la industria del cemento, minería de canteras, la cual no tienen nada que ver con la mega minería metalífera a cielo abierto, a la que resisten las comunidades afectadas en el norte del país.
 Desde el momento de esas declaraciones, algunas agrupaciones kirchneristas no han parado de comunicar una serie de falacias que, acompañadas por el ya conocido intento maniqueista de desviar los conflictos a posturas de blanco sobre negro, no hacen más que confundir los puntos focales del conflicto  contra la megamineria en nuestro país.
Dado que la lucha de nuestros compañeros y compañeras dispuestos/ as en los cortes de las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán continua más vigente que nunca, y que somos consientes que luego de la represión violenta, las amenazas no merman, nos vemos obligados a responder a esta cascada de engaños provenientes de las fuerzas oficialistas.
 Las consecuencias de implementar una actividad propia del extractivismo como la contaminación del agua y del aire, los daños a la salud humana y consecuencias socioambientales (desarticulación de las economías regionales, las migraciones, o el desempleo) son cuestiones serias que no han sido consideradas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al momento de aceptar la instalación de estos proyectos. Las asambleas, en cambio, si vienen teniendo ese debate serio que tanto se reclama desde hace años a través del trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional.
 Es importante resaltar que se trata de verdaderas puebladas que, con sus propios cuerpos, sostienen la lucha por no ser contaminadas, negándose a brindar la licencia social a esos proyectos. Maestros, comerciantes, empleados públicos, niños y niñas, mujeres, ancianos y ancianas, estudiantes. Todos y todas se hacen presentes en esos cortes intentando que el debate serio sea dado desde todas las instancias posibles. En ningún caso, la presencia de ONGs transnacionales se encuentra detrás de aquellos que llevamos esta protesta, como están intentando instalar ante la opinión publica. Quienes resistimos al saqueo y contaminación de nuestros territorios, somos trabajadores/as, vecinos, ciudadanos, pueblos autoconvocados de modo horizontal y asambleario.
 Con hechos como la implementación de la ley antiterrorista, en diciembre de 2011, y las acciones concretas de represión de las manifestaciones pacificas en cada uno de los cortes realizados, el gobierno nacional no solo demuestra una connivencia con los poderes locales y provinciales, con intereses mineros, sino que además muestra una iniciativa activa en el intento de acallar las posibles voces divergentes y las luchas sociales que buscan plantear un modelo de país mas inclusivo y sostenible para sus habitantes, una sociedad donde los bienes comunes estén a disposición de una vida digna, saludable y sin explotación. La criminalización de la protesta social se viene llevando adelante no solo de manera mediática (etiquetando a nuestros luchadores sociales con motes de ‘extremistas’ o ‘irreflexivos’), sino también abriendo causas judiciales por delitos inexistentes, encarcelando a compañeros/as con delitos dibujados y reprimiendo con saña a mujeres, niños y hombres que se encuentran defendiendo los Bienes Comunes (mal llamados recursos naturales), que son patrimonio de todos y todas.
 Estas luchas no comenzaron en el momento en que Clarín las mostró. Fueron los medios de comunicación alternativos quienes durante años las han mostrado y difundido. Los medios masivos solo han caído, tal que paracaidistas, a mostrar un conflicto que, ya madurado, se encuentra en el momento de respuesta más agresiva por parte del gobierno. Es en este marco que los intentos de la política oficialista por transformar este debate serio sobre la megamineria, en una burda opereta que tendría como principales actores al gobierno y los grandes grupos mediáticos (que aparentemente inventan las imágenes de represión para “desgastar al gobierno nacional”) caen rápidamente cuando observamos la realidad de los hechos. Mas allá del oportunismo político de ciertos medios, mas allá del sensacionalismo de ciertas coberturas que terminan banalizando nuestras luchas, las mismas son genuinas resistencias populares de larga data; expresan el carácter crítico de poblaciones enteras que se ven amenazadas por el saqueo de sus fuentes de agua, sus tierras y sus medios de vida, en un escenario de grandes asimetrías, donde el poder financiero de las corporaciones encuentra como aliados el clientelismo, la corrupción y la fuerza represiva del Estado en manos de gobiernos que han decidido gobernar para aquellas y donde las empresas periodísticas locales, usualmente funcionan como apéndice del aparato propagandístico de las mineras.
Señora Presidenta, no es serio llamar al debate cuando el oficialismo ha vetado sistemáticamente el funcionamiento de las comisiones de minería en el Congreso de la Nación, en el que ‘yacen’ sin pena ni gloria un sinnúmero de iniciativas legislativas para modificar el actual régimen minero. No es serio asumir la defensa del actual régimen de minería transnacional a gran escala, monopolizada por grandes corporaciones extranjeras, exclusivamente orientadas a la exportación de materias primas sin procesamiento, con gravosos costos ecológicos, en nombre de un ‘proyecto nacional y popular’. No es serio, desde ese posicionamiento político-ideológico, sostener un régimen legal que expresa lo más rancio del consenso de Washington y el neoliberalismo de guerra impuesto por el Banco Mundial en toda América Latina en los ’90, aca aplicado a rajatabla por el Menemato; no es serio hablar de ‘pos neoliberalismo’ cuando se da continuidad y se profundizan las increíbles prebendas que la legislación del menemismo (Ley 24.196 y correlativas) le otorgan a las grandes transnacionales mineras, hoy usufructuarias del agua y los minerales de nuestra cordillera. Señora Presidenta, no es serio hablar de ‘políticas de inclusión social’ desde un modelo minero-extractivita con nulo impacto en el empleo y efectos negativos en la matriz energética y productiva del país. No es serio asumir la defensa de una ‘economía de enclave’ en nombre de la ‘industrialización’. No es serio apelar irresponsablemente a sentimientos nacionalistas para embanderar la defensa de la soberanía y usarla en contra de quienes estamos también luchando contra las nuevas modalidades del colonialismo. En su discurso sobre Malvinas Ud. plantea que jamás escucho “a ninguna ONG ni organización ambientalista hacer críticas al Reino Unido por lo que se está haciendo en las Malvinas”. A  nosotros nos llama muchísimo la atención que no haya nunca escuchado todo lo que hacemos contra la depredación por parte de la petroleras, sojeras y mineras, todas transnacionales, en el territorio nacional dentro del continente. Hemos denunciado que varias de las grandes corporaciones mineras que operan en nuestra cordillera forman parte de los mismos holdings empresariales que hacen exploración petrolera en Malvinas con la licencia de Gran Bretaña. Estamos reclamando la urgente restitución de nuestra soberanía energética, alimentaria e hídrica, hoy erosionadas y amenazadas en manos de grandes corporaciones transnacionales usufructuarias en última instancia del extractivismo petrolero, sojero, minero.
 Tampoco es serio convocar al dialogo cuando de antemano se nos estigmatiza y se descalifica como interlocutores acusándonos a priori de ‘ignorantes’, ‘fundamentalistas’, o ‘pseudo-ambientalistas’ que obedeceríamos a otros intereses.
 Se nos acusa de fundamentalistas porque decimos ‘NO’, pero no decimos ‘NO PORQUE NO’. Tampoco le decimos ‘No’ a toda actividad minera, sino a una modalidad específica de explotaciones: los mega-proyectos de minería transnacional a gran escala y extranjerizante. No somos fundamentalistas; tenemos fundamentos, que es distinto. Fundamentalismo es decir ‘si o si’; es imponer este tipo de explotaciones a toda costa y a como de lugar, aun apelando al uso de la violencia, del soborno, la cooptación, el clientelismo y la represión. Eso es fundamentalismo minero. Es cerrar los ojos a la realidad de las consecuencias de este modelo y cerrar los canales de diálogo para con la propia población. 
Es por todo esto que, vemos la actitud de la señora presidenta como una burla a los pueblos que decimos NO a la megamineria contaminante y saqueante.
Sí, estamos de acuerdo. Aunque no haya sido serio su llamado inicial, necesitamos ABRIR UN PROFUNDO Y SERIO DEBATE, AMPLIO Y DEMOCRATICO SOBRE LA ‘CUESTION MINERA’ CON TODO EL PUEBLO ARGENTINO. NECESITAMOS DISCUTIR QUE MINERIA QUEREMOS, QUE MINERIA NECESITAMOS, QUE MINERIA ES POSIBLE. PERO ANTES, ES IMPERIOSO PARAR LA SANGRIA ECOLOGICA, ECONOMICA Y POLITICA QUE SIGNIFICA EL ACTUAL REGIMEN MINERO. ES URGENTE SU MODIFICACION.
 Urge recuperar la Soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestros cerros, nuestras fuentes de agua y nuestros bienes ambientales no renovables. Urge recuperar la soberanía sobre el Estado y las instituciones de gobierno, hoy completamente colonizadas por las grandes corporaciones mineras. Urge parar la depredación y la represión como ‘política de estado’.
 La lucha de las asambleas ha sido fruto de la colaboración, el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres que, consientes del peligro que implica la presencia de estas megamineras transnacionales en sus territorios, han generado formas para defender lo más preciado que tenemos: nuestras tierras, nuestra agua y nuestra vida. Pueden intentar plantar un sinfín de mentiras. Sin embargo el espíritu de quienes luchamos sigue más fuerte que nunca, nuestra convicción de construir un mundo mejor para todos, se fortalece día a día y las ganas de seguir en las rutas, en las calles y en los oídos de la gente no merma.

UAC
Unión de Asambleas Ciudadanas
¡Fuera las mineras de nuestro país!
¡Fuera las transnacionales de todo el territorio nacional!
¡Basta de represión al pueblo que lucha!
¡No al estado de sitio en Andalgalá!
¡Ni una mina más!

MINERIA Y AGROTOXICOS: RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS MEDICAS UNR

RESOLUCION QUE EN EL DIA DE HOY, JUEVES 16 DE FEBRERO, POR UNANIMIDAD, FUE APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Rosario, 10 de febrero de 2012
            VISTO:
                        La problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país, vinculada al avance de un modelo productivo extractivo como el de la minería a cielo abierto y la agroindustria y;

CONSIDERANDO:
                        Que, la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene antecedentes de pronunciarse en temas neurálgicos que vinculan la salud, el ambiente y modelos productivos, como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro País, la Instalación y proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la región, el avance de la destrucción de los montes nativos, entre otros;
                        Que, en abril del año pasado, se desarrolló en nuestra Facultad el 1er. Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, organizado por la Materia Salud Socioambiental de esta Casa, en el que participaron más de 350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales, áreas gubernamentales de más de 11 provincias argentinas y 9 países de América Latina), cuya declaración final concluye:
En todo nuestro continente se viven situaciones que responden a la transferencia de modelos productivos que enferman y matan hacia nuestras tierras.
El proyecto de traslado de industrias sucias a nuestros países, impulsado por el Banco Mundial (tal cual lo establece el memorándum de Lawrence Summers de noviembre del año 1991), se está llevando a cabo con la complicidad de las autoridades locales, bajo la espúrea dicotomía “trabajo vs. salud”.
            La enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la depredación de la fauna ictícola en ríos y mares, el avance de la explotación minera, la contaminación y desaparición de cursos de agua, la utilización de millones de litros de agrotóxicos en las fumigaciones de los campos con soja, maíz, hortalizas, frutales, etc. y el avance de la frontera agropecuaria en desmedro del monte nativo, son determinantes dañinos de la salud de los ecosistemas de los que los seres humanos somos parte.
Concentraciones Urbanas, Agrotóxicos, Transgénicos, Minería, Pasteras, Represas, Centrales Nucleares, Contaminantes Químicos, Biodiversidad Diezmada, Destrucción de Territorios y Poblaciones en franca diáspora despojadas de los bienes comunes, forman parte de nuestras cotidianeidades, y deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas.
Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial, conocido como el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de contaminación perniciosa a la salud debe hacerse en los países de menor costo, que son los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del cáncer en las comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable;
            Que en el caso de la minería las fuentes de contaminación pueden ser: tajos y galerías, pilas de lixiviación, escombros, colas;
            Que éstas áreas no siempre son controladas y en ellas se encuentran contaminantes tóxicos que se filtran al ambiente; 
            Que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
            Que uno de los componentes fundamentales en el proceso de extracción de minerales a cielo abierto es el cianuro, (compuesto químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde hace varios cientos de años por sus propiedades biológicas tóxicas y su capacidad de unirse fuertemente a metales);
            Que en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso pulverizar 4.000 kg (4 tn) de piedras y disolverlas con casi 4 kg (4.000 grs) de cianuro. 
            Que entre las características tóxicas del cianuro está la de bloquear la enzima citocromo oxidasa de las mitocondrias, con lo que interfiere en el proceso de respiración celular, llevando a la muerte de los organismos que intoxica;
            Que otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros extrativistas que se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio, (metal pesado, con propiedades neurotóxicas);
            Que en el caso específico de la minera Bajo La Alumbrera, está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca);
            Que el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales en Argentina” elaborado por Juiette Renaud,  Asesora del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, asegura  que “el impacto mas grave de os grandes proyectos mineros es la contaminación del agua, en estanques, arroyos, ríos y lagos de la región”, aunque también “contamina lso suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y la productividad de los mismos”, a partir del depósito de partículas sedimentadas por el vertido de productos químicos, por filtración a partir de los lixiviados;
            Que las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos, agua, respirar aires, contaminados por productos químicos presentes en el ambiente a partir de estos modos productivos;
            Que ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y daño a la salud y al ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno de los cuales es el iniciado por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien denuncia a la Minera La Alumbrera, y prueba la presencia en agua de Arsénico en valores 20000 veces superiores a los permitidos por la legislación, así como de Cadmio (5000 veces más), Cobre (20 veces más), Mercurio (10000 veces más), Plomo (60 veces más), Selenio (1000 veces más);
            Que éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido responsables de al menos 4 derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en Villa Yil y Diciembre de 2008 en Ampujaco);
            Que, como documenta la Universidad Nacional de Córdoba en su Resolución HCS Nº 1308/2009: “En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados” lo que evidencia la debilidad de las autoridades de control para evitar riesgos;
            Que, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló que “el 81% de los niños de Abrapampa, Jujuy, tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su salud” (en esa localidad funcionó la Mina “Pan de Azúcar”, y aún funciona la mina “Pirquitas”);
            Que en nuestro país, el “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera” presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería a fines de 2011, contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación), encabezando la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (8), le siguen Neuquén (7); Mendoza, La Rioja y Río Negro (6 cada una) y Catamarca (4).
            Que según dicho informe “Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, advirtiendo que  “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
            Que según el informe “Renaud” ya mencionado“, las grandes empresas trasnacionales consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando subvenciones a instituciones comunitarias (hospitales, escuelas, etc), hecho que debilita el argumento de las “licencias sociales” garantizadas;
            Que se han hecho públicas las pruebas que vinculan a representantes de las empresas mineras con actividades de “espionaje e inteligencia” contra los vecinos movilizados en defensa de la vida y el ambiente saludable;

            Que en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas de seguridad del Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros (luego), han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto, llegando incluso a lesionar físicamente a manifestantes;
            Que la Constitución Nacional en su arto 41, primera parte, establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente· sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.";
            Que, como dictaminó la Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar los fondos provenientes de la Minera Bajo la Alumbrera “, el Estado Nacional al haber asumido el compromiso como integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (i) Sistema Internacional: D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966; P.I.D.C.P. de 1966; Protocolo Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de Estocolmo de 1972. en particular principios 1 y 2; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en particular principios generales; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2, 3 y 4; Declaración y programa de Acción de Viena de 1993, en particular art. 11; Convención de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica persistente de 2001; Sistema regional: D.A.D.H. de 1948, en particular arto XI; C.A.D.H. de 1969; Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta Democrática Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de la O.E.A. n° 1871/02 sobre Promoción de la Responsabilidad Social de las empresas del hemisferio) debe por tanto realizar todas las acciones positivas necesarias tendientes a garantizar estas premisas, a través de un marco regulatorio y normativo que efectivice la protección al medio ambiente, y de la implementación de mecanismos de control permanente de la explotación de recursos naturales”; 
            Que, como decimos anteriormente, también se identifican movimientos sociales de resistencia y preocupación por la salud de quienes son expuestos a los procesos de fumigación necesarios para la explotación agroindustrial;
            Que en este sentido, nuestra Casa, viene desarrollando una tarea de investigación-acción-participativa, con comunidades de nuestra región, a traves de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final, desde los cuales se ha logrado evidenciar las modificaciones de los perfiles de morbimortalidad de las comunidades expuestas a esos modelos productivos;
            Que el Plan Agroalimentario Nacional que prevee alcanzar la cantidad de 160 millones de toneladas de granos para el 2020, es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y demás nutrientes de nuestros suelos, asi como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades;
            Que los hambrientos del mundo no dependen de la capacidad comercial de 400.000 agronegociadores del planeta, sino de la revitalización y devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales, con semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de cercanías;
            Que la política económica nacional, parece estar siendo ordenada en función de la lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la posibilidad de generación de trabajo, y eso es, cuanto menos, errado;
            Que entendemos, como Julio V. González, que “la conquista de la Universidad, es solo un medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición”;
            Que quienes entendemos la Salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna para todas y todos, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, debemos asumir, como expresa Giovanni Berlinguer, “el deber social de informar a la población y a las instituciones sobre la amenaza que el sistema de globalización neoliberal significa para la salud y la seguridad de la comunidad”;
            Que la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su Estatuto, incisos “f” y ”g”, define claramente entre sus principios constitutivos el desarrollar sus funciones en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente y garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos,
            Que nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una Institución que fomente el compromiso personal, grupal, institucional y colectivo de todos sus claustros con  las organizaciones y comunidades de nuestra sociedad.
            Que asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes, producir saberes, promover la circulación democrática de conocimientos para más y mejores praxis, en convergencia con sólidos preceptos morales y compromiso ético con el  irrenunciable Derecho a la Salud, formando profesionales al servicio solidario con el bien común de las comunidades en el orden local, provincial, nacional, latinoamericano e internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS. MEDICAS DE LA UNR
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que comprometen la salud de los ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de los ciudadanos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, repudiando los actos de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno Nacional, asuma la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que habitan nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus equipos docentes y de investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo Superior de la UNR a hacerse eco de la presente resolución.
Art. 6.- De forma
Prof. Dr. E.  POLLASTRI         Prof. Dr. R. NIDD          Prof. Lic. L. RÖHNER 
Prof. Dr. D. VERZEÑASSI    Prof. Dr. F. SERRA      Prof. Dr. A. TORRIGGINO 
           Dra. Ma. C. BOGUE                        Sr. D. PUEDE
            Graduada                                         Estudiante
CONSEJEROS DIRECTIVOS DEL
FRENTE INDEPENDIENTE – Facultad de Cs. Médicas - UNR

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