Militares y civiles cooperaron en la persecución de artistas, directivos y docentes de instituciones vinculadas a la educación y la cultura. Entrevista con Laura Rodríguez, autora de “Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura”.
La violencia no fue la única herencia de la última dictadura. Por el contrario, la convivencia entre lucha armada e ideológica, tuvo consecuencias cuyo alcance parece aún hoy difícil diagnosticar. Numerosas instituciones vinculadas a la educación y la cultura fueron intervenidas y en sus claustros se llevó a cabo una tarea de persecución ideológica implacable. Docentes y artistas sufrieron los efectos de este plan que, lejos de ser sistemático, parece, más bien, haber sido el resultado de arbitrariedades del poder central, más dependientes de la cooperación civil, que de la eficacia militar. En el mejor de los casos, estas “intervenciones” terminaban en la “desafectación” de cargos, cuando no en la desaparición. Ilustres paradigmas de esa política del terror, muchas de las figuras que ocuparon importantes cargos en dicha “normalización”, continúan ostentando cargos en universidades, institutos, secretarías y ministerios; gozando aún del privilegio de la impunidad. Privilegio asociado a responsabilidades no asumidas por la historia colectiva. La participación y aquiescencia de la sociedad civil en el gobierno más terrible de nuestra historia es un tema que pocas veces ha sido tratado en profundidad. “Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983)” es la última investigación de la historiadora Laura Graciela Rodríguez que narra cómo se instrumentaron las políticas culturales y educativas durante ese período y quiénes fueron los responsables de llevarlas a cabo. Aportes para una discusión incómoda.
Gabriel Levinas: Yo viví esa época, tenía una galería de arte cuando se da el golpe. Estaba destinada a incluir en el mercado del arte a gente joven, profesionales que tenían un mínimo poder adquisitivo y podían comprar litografías, por ejemplo. Tras el golpe, mucha de esa gente comienza a ser perseguida. ¿Los militares tenían un plan previo de cómo manejar la cultura o tuvieron que aprender sobre el camino?
Laura Rodríguez: Yo trabajé sobre el Ministerio de Educación de Nación y de la provincia de Buenos Aires. Dentro del Ministerio de esas dos instituciones, existían dos dependencias: una de educación, en la segunda línea ministerial, y otra de cultura. Yo llego a la Subsecretaría de Cultura y a las políticas culturales y a sus funcionarios a partir de una preocupación sobre el Ministerio de Educación.
GL: ¿Que noción de cultura y de las políticas que había que implementar se tenía?
LR: En provincia se ve un proyecto cultural más centrado en la represión, pero en Nación la política educativa estuvo totalmente subsumida y centrada en la política de la frontera. Hubo un proyecto conjunto entre educación y cultura, y ésta última desarrolló muchos programas de traslado de la cultura a la frontera: van a llevar a Landriscina a Uspallata, o a personalidades como Fangio a los pueblos de las fronteras. Esto se da en un contexto de las ideas geopolíticas, en un sentido belicoso donde los países fronterizos van a ser vistos como una amenaza, y la hipótesis de guerra va a ser muy fuerte con Brasil y con Chile. Existieron dos programas que fueron las estrellas en la política de cultura: el programa “Argentinos marchemos a la frontera” y el programa “Gendarmería infantil”. Los dos se van a dar en el ’79 cuando Domingo Bussi, su ideólogo, estaba al frente de la Gendarmería Nacional. Marchemos a la frontera involucró a chicos de escuelas técnicas y a partir del ’79 comenzaron a viajar en contingentes hacia Barreal, Bernardo de Yrigoyen, Chos Malal. El otro programa, “Gendarmería Infantil”, no fue congeniado con el Ministerio de Educación, pero en los hechos, va a funcionar muy articulado con este, por que se van a crear destacamentos de chicos de 8 a 14 años que van a participar en clases a contraturno, religión católica, oficios, enseñar a marchar. Y se va a transformar en un fenómeno muy importante para las localidades de frontera, de hecho todavía existe.
GL: ¿Cómo se articulaban las políticas locales a la de Nación?
LR: Sobre el Ministerio de Educación de Nación y provincia, yo veo dos programas culturales diferentes. En provincia, el Ministro de Educación va a ser el General Solari, un militar, a diferencia de Nación en donde son todos civiles. El general de brigada, Solari, que es del Ejército, es del grupo de Videla y de Jorge Harguindeguy. El Ministro de Educación va a estar durante toda la gestión, desde Ibérico Manuel Saint Jean y va a nombrar como Subsecretario de Cultura a Francisco Ángel Carcavallo. El va a tener una mirada sobre la cultura de persecución hacia lo que ellos entienden que es la cultura subversiva. Hay un discurso famoso de Carcavallo que va a decir: “todos sabemos que en estos últimos años -refiriéndose en particular al peronismo-, tuvimos copada la secretaría de cultura por subversivos que hacían teatro de vanguardia, charlas a universitarios, etcétera”, todas cuestiones tildadas de sospechosas.
GL: ¿La palabra vanguardia ya era una palabra subversiva?
LR: Tienen una idea muy laxa de la subversión, también decían que eran subversivos los universitarios que se juntaban en un café y hablaban con extranjeros. El listado de Carcavallo donde él define qué es lo subversivo, es muy amplio y la clasificación no es unívoca. Visto a la luz de hoy resultaría risible, si no se supieran las consecuencias que tuvo después. La musicalización de poemas, la exaltación de artistas y textos extremistas, lo que ellos clasifican como canciones de protesta, las obras plásticas con marcado tinte guerrillero, el teatro de vanguardia, las conferencias de prensa dadas a compañeros de otros países, las actuaciones en café concert en las cuales aparecían mensajes marxistas, también eran considerados subversivos. Es una lista extremadamente amplia en donde un peronista de izquierda, o lo que ellos suponían era un peronista de izquierda, también podía entrar en la bolsa de la cultura subversiva. Dentro de este núcleo de funcionarios civiles, como era Carcavallo, va a ser nombrado en un área específica del Ministerio de Educación, Jorge López Anaya, que va a ocupar varios cargos durante la última dictadura en la provincia de Buenos Aires. El caso de López Anaya es singular, porque va a ocupar cargos en la estructura de la provincia de Buenos Aires como “interventor-normalizador” de la Dirección de Enseñanza Artística, pero también simultáneamente, en la Universidad Nacional de La Plata. En general los funcionarios de educación civiles, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, van a ser gente que va a pertenecer al sistema. Por ejemplo, muchas de las subsecretarias de Educación del general Solari, van a ser maestras de guardapolvo blanco, inspectoras de carrera. Hay muchos funcionarios con este perfil.
GL: ¿Quién lo nombra a Jorge López Anaya?
LR: El General Solari.
GL: ¿Se sabe por qué lo eligen a él?
LR: No se sabe cuáles son las redes porque yo solo pude reconstruir las relaciones en Nación por las cuales se reclutaban funcionarios. Hay un organismo, que es el centro de donde van a salir los principales funcionarios de educación, que es el Consejo Superior de Educación Católica. En Provincia de Buenos Aires, esta red de relaciones no está tan clara, se puede suponer que en estos funcionarios civiles va a ver cierta relación con las Fuerza Armadas y particularmente con el Ejército, porque Solari es un hombre muy vinculado al Ejército.
GL: Si a una persona se la ponía a dirigir un organismo como el que se le dio a López Anaya ¿qué instrucciones se le daban?
LR: López Anaya ocupaba varios lugares simultáneamente. Está en la Dirección Nacional de enseñanza artística, después lo van a nombrar interventor normalizador en la Dirección de Bibliotecas, un lugar clave por este tema de la circulación de libros prohibidos, y luego va a ser nombrado interventor normalizador en la Biblioteca Pública Central, que dependía de la Universidad Nacional de La Plata. Simultáneamente, va a ser Secretario de extensión del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata en el ’76.
El otro cargo es el de Decano de la Facultad de Bellas Artes. Esa facultad, particularmente en la ciudad de La Plata fue un lugar sensible porque allí se cerraron muchas carreras, a diferencia de otras facultades. Es un personaje singular porque “normalizó” varias áreas a la vez. Entre el año ’76 y ’78 van a haber una serie de resoluciones ministeriales de intervención, firmadas por Solari y por López Anaya, a distintos establecimientos educativos artísticos en toda la provincia. Intervenidos con distintas excusas, por ejemplo, por irregularidades administrativas. Ese es un término bastante utilizado para la intervención en los colegios. Los sumarios y las intervenciones nunca van a ser muy explícitas en cuanto a la subversión, pero claramente, el clima de época no deja dudas. Pero también que en esto hubo participación civil: muchos colegas y directivos de una misma escuela, en ocasiones, denunciaban a sus compañeros.
GL: ¿Cuál era la función real de estos interventores-normalizadores?
LR: Es un clima de época y una práctica de época. En ese momento se firmaban las intervenciones o las instrucciones de sumario. Esas intervenciones e instrucciones de sumario respondían, en más de una ocasión, a reclamos de la propia comunidad, por rencillas locales: porque te sacaron al marido, porque estás peleada con tu colega desde hace mucho, y ésta era una buena oportunidad para pedir la intervención.
En la comisión por la memoria existen expedientes de la policía sobre seguimientos y, aparentemente en estas relaciones, hay mucho de este control: no solo la policía de Camps estuvo detrás de las tareas de inteligencia, sino que también hubo casos de delación de colegas. Entonces, ¿qué rol le cupo al funcionario central? El funcionario central va a responder al reclamo, va a intervenir ese colegio, pero ciertamente van a ser las autoridades locales las que van a decidir en última instancia qué se va a hacer con esas personas. Y muchas veces, lo que se termina haciendo con esas personas -por ejemplo una cuestión extrema como la desaparición, otra como la de separarla del cargo-, va a tener múltiples cuestiones, que muchas veces se explican a partir de la política local, y de las relaciones locales.
GL: Existieron reductos en donde no haya ocurrido intervención, ¿cuáles son los casos?
LR: Sí hubo. En realidad fueron más los institutos que siguieron su curso. En general la intervención era por 15 o 60 días, y lo más común es que se nombrara de director-interventor a un colega, a alguien del establecimiento. Tenemos una idea de establecimientos ocupados por policías y en realidad no fue tan así. Por eso insisto en la cuestión de la responsabilidad civil.
GL: Conociendo cómo era Videla y cómo eran los militares de aquella época, no me imagino que supieran a qué artista debían censurar. ¿Hasta donde estos funcionarios civiles tenían como parte de su obligación detectar a los subversivos?
LR: No fueron solo las autoridades centrales.
GL : No se puede pensar que hayan estado tantos años trabajando y no hayan tenido una mayor responsabilidad. Yo vi que ellos suscribían a una serie de preceptos revolucionarios, donde parte de sus funciones era detectar a los “subversivos”.
LR: Hasta donde yo sé no han sido acusado por ninguna víctima, me refiero a los funcionarios que ocuparon las primeras, segundas y terceras líneas en el estado en el área de educación, que es lo que yo estudio. El Rector de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Gallo, por ejemplo estuvo desde el año ’76 al ’83, uno de los rectores que más tiempo estuvo, estuvo más que Videla y hasta la fecha Gallo no tiene ninguna denuncia sobre violaciones a los derechos humanos . No está comprobada su responsabilidad directa.
GL: Lo que me cuesta creer es que personas del nivel intelectual de Guillermo Gallo o de Jorge López Anaya, hayan sido ingenuos de lo que estaba sucediendo en el país.
LR: Yo estoy hablando de responsabilidad penal. Los funcionarios de primera, segunda y tercera línea en el estado tienen responsabilidades morales, que la sociedad argentina además no se las ha cuestionado porque sabemos que muchos, terminada la dictadura, siguieron con sus carreras profesionales. No hubo una condena moral pero habla de la sociedad que tenemos y del extensivo involucramiento de los civiles en el gobierno de una u otra manera donde no se puede hablar o todavía es difícil hablar.
Hay una idea de la dictadura en manos de la fuerzas armadas que hay que empezar a complejizar, no es estrictamente cierto que todo el gobierno estuvo en manos de militares, la participación civil fue muy importante ¿Qué responsabilidad penal o moral le corresponde? Es una cuestión que lo verán los organismos de derechos humanos. La sociedad argentina no termino de condenar a las personas que ocuparon cargos importantísimos en áreas de gobierno. Como sociedad argentina queda pendiente.
GL: En un momento la galería Arte Múltiple hizo una muestra con Juan Carlos Distéfano. En sus cuadros se mostraban hombres torturados. Esto fue en el año ’76 y no pasó nada, era como si en el fondo el resultado estético no les importara a los milicos. No alcanzo a entender cómo algunos podían hacer una denuncia clara de la tortura y otros, por repartir un panfleto, terminaban muertos. ¿Cuál era el criterio cultural?
LR: Fue súper arbitrario. Un colega escribió una tesis sobre la comunidad judía y lo que muestra es que dentro de la AMIA se organizaban charlas sobre el estructuralismo y Freud. También hay un error en pensar que las agencias de control actuaron como nunca actuaron en un estado subdesarrollado, los nazis lo hicieron en Alemania. Hace poco salió un libro que demuestra que la Gestapo en Alemania era bastante ineficiente, no tenía personal, y en definitiva se alimentó de muchas denuncias de vecinos. Tenemos que empezar a deshacer esta idea de un estado que impone su fuerza y su única voluntad de arriba hacia abajo y una población civil aterrorizada. Esta imagen es muy escolar y autoexculpatoria.
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