Las usinas de pensamiento
privatistas divulgan que la causa de esta situación sería la falta de clases
que los niños tendrían debido a la existencia de conflictos gremiales, jornadas
de capacitación y/o licencias por enfermedad, que según dicen serían más
abundantes en las escuelas públicas. Este tratamiento superficial de un grave
problema merece sin embargo un análisis serio.
¿Qué diferencia una escuela
pública de una privada?
El carácter público de un
sistema educativo está dado por tres elementos: uno es la gratuidad, componente
que, sin embargo, no es excluyente de las escuelas dependientes del Estado ya
que, gracias a los subsidios que éste otorga a muchas escuelas, éstas pueden
funcionar con carácter casi gratuito o con cuotas mínimas.
El segundo componente es la
diversidad de la matrícula, o sea la inexistencia de discriminación, una
escuela para todos. Esto no es propio del sistema privado que a través de
distintos mecanismos segrega, discrimina ya sea por religión, por origen de
nacionalidad, por nivel socioeconómico, o por enfoque ideológico del grupo
propietario de la escuela.
El tercero es la existencia de
concursos públicos para la designación de sus docentes, porque esto impide la
discriminación ideológica del docente por parte de una entidad particular y por
lo tanto abre la potencialidad de la existencia de un conocimiento público, en
el sentido de que pueda ser cuestionado, interpelado. Por el contrario, las escuelas
privadas suponen una preselección de lo que se enseña y del enfoque que se da a
través, no solamente de la selección de los alumnos y por lo tanto de su
familia, sino de los docentes que son designados arbitrariamente por el cuerpo
que conduce esa entidad privada.
En la actualidad, las escuelas
estatales han visto deteriorado su carácter público debido fundamentalmente a
la pérdida del segundo de sus componentes: el corrimiento de matrícula de
sectores medios o incluso populares no excluidos, a escuelas privadas. Esto ha
dado como resultado una sistema público que contiene centralmente a los
sectores más carenciados y excluidos de la sociedad, en proporciones superiores
incluso a las de la sociedad toda.
Estado, familia y docencia
frente a la privatización
Esto ha sido posible gracias a
que existe una política de Estado, reafirmada en la reciente Ley de Educación
Nacional Nº 26206, de favorecer ese corrimiento mediante el incremento de los
subsidios a las escuelas privadas. Solo en la Ciudad de Bs As se han aumentado
en los últimos 4 años en más del 150%: de 600 a 1500 millones de pesos para
este año 2012 (1). La Provincia de Córdoba por ejemplo destina más del 30% de
su presupuesto educativo a financiar las escuelas privadas. Actualmente,
incluso, no solo se financian los salarios docentes sino también el
mantenimiento y muchos de los arreglos edilicios de algunas de ellas.
Pero si ésta es política de
Estado, resta explicar los motivos por los cuales familias educadas en escuelas
públicas hoy envían a sus hijos a escuelas privadas. Sostenemos que la razón
central es la búsqueda de esas familias de huir de compartir banco con la
pobreza y la exclusión para en cambio lograr redes sociales a futuro que
faciliten vínculos de pertenencia a grupos social y económicamente mejor
posicionados.
Para demostrar lo que
sostenemos vamos a considerar el ejemplo de la Ciudad de Bs As que es el lugar
que tiene el más alto porcentaje de privatización y la relación entre privada y
pública es casi 1 a 1, desde hace más de una década. Como dijimos más arriba
las usinas privatistas argumentan que el problema es la falta de clases por los
paros docentes y jornadas de capacitación. En Capital durante 17 años desde
1989 hasta el 2006 no hubo paros juridiccionales, en la peor época del
neoliberalismo. Esto se debió a la afinidad de la conducción docente de la
UTE-CTERA, el sindicato mayoritario, con los gobiernos que apoyó desde Menem,
la Alianza hasta el Kichnerismo. Sólo hubo 3 paros nacionales desde el 2003 al
2010, que en general fueron también apoyados por docentes de escuelas privadas.
En cuanto a las días sin clases por jornadas de reflexión, estuvieron
suspendidas por el actual gobierno y ahora no superan las 2 o 3 anuales Al
mismo tiempo que no pocas escuelas privadas han “desregulado” sus calendarios
escolares agregando una semana de vacaciones en medio del año para responder a
la demanda de las familias que realizan hasta 3 viajes de vacaciones al año.
Entonces, ¿cómo explican la
privatización? En cuanto a los días sin clases por ausencia de docentes, el
Estado debería realizar un estudio más responsable de estas causales. En primer
lugar muchas de esas licencias son por estudio. Esto es así porque el diseño de
la jornada laboral docente no contempla la capacitación en servicio con relevo
de tareas y el/la docente debe capacitarse sobre la base de su tiempo libre y
sus fondos personales. Solo se le reconocen hasta 3 días antes de un examen.
Las escuelas privadas, por el contrario ejercen presión para que el/la docente
que estudia no reclame su día por examen aunque esto sea derecho establecido
por ley nacional. Otro motivo es la falta de suplentes para cubrir las
licencias en un gremio mayoritariamente de mujeres. Estos problemas se
solucionarían con un rediseño de la jornada laboral que contemplara la
capacitación en servicio, por ejemplo, además de la implementación de los
cargos de maestro de apoyo por escuela que cubrirían las suplencias cortas.
Tampoco puede explicarse la
privatización por la preparación o “calidad” de sus docentes ya que no se
requiere puntaje para ingresar a las privadas, solo ser aceptados por los
dueños. En cambio para ingresar al Estado se requieren muchos años de cursos y pos
títulos.
Volvemos al punto de inicio.
La explicación central, aunque concurran otras en menor medida, no es otra que
la huida de pobreza, de la marginalidad. En un país donde el 40% de los
trabajadores está en negro, donde hay más de 8 millones de pobres y 2 millones
de indigentes, según consultoras incluso oficialistas, donde la violencia de la
exclusión se cuela en la escuela, en sus patios, en sus baños, en la puerta
cuando los docentes no ven, la clase media busca su gueto escolar del mismo
modo que se cierran las plazas, los barrios y se ponen rejas a las estatuas.
¿Por qué arriesgar a los hijos pequeños y adolescentes a tanta “inseguridad”
si, gracias a los subsidios, con un pequeño esfuerzo se logra un coto cerrado
que “echa” a los chicos con “problemas de conducta graves” que pudieran
aparecer incluso en sectores no excluidos? En muchos casos a esto hay que
sumarle que en general las escuelas públicas cuentan con menores recursos por
alumno. Grados superpoblados. Edificios deteriorados.
El debate sobre la “calidad” versus “una buena educación”
Parte de la ofensiva para
descargar sobre la docencia la responsabilidad de esta elección de las familias
por parte tanto de la Presidente como el Ministro de Educación de Macri es
poner en agenda la cuestión de que se necesita evaluar a los docentes para
mejorar la “calidad educativa”, lo que se incluiría en las paritarias de este
año. Esto no es nuevo. Los intelectuales orgánicos de la Reforma de los 90 así
como los organismos internacionales que la diseñaron vienen sosteniendo que en
Argentina lo que faltó para completarla fue realizar la Reforma Laboral
docente. O sea, modificar los Estatutos Docentes.
Quienes militamos en el ámbito
de la educación pública, sin embargo, no nos posicionamos desde un ángulo
corporativo. La educación pública es nuestro interés y nuestro programa. Pero
hablamos lenguajes distintos. En primer lugar no hacemos nuestra la categoría
de calidad educativa ya que es un concepto que corresponde a la lógica de
mercado en el análisis de la educación buscando producto, calidad –producto. En
cambio sí podría decirse que buscamos una “buena educación” que sin duda no
puede excluir un proceso de evaluación.
Hay un hecho real, las últimas
evaluaciones P.I.S.A. a que se sometió nuestro país por iniciativa de Filmus
que fue el primero que hizo ingresar a nuestro país en ese sistema de
evaluación en el 2002, dan un retroceso en los últimos diez años, un retroceso
significativo eso tiene que tener una explicación más allá de que uno pueda
suscribir o no con el mecanismo o el sistema de evaluación que hagan las
P.I.S.A. No es nuestro sistema de evaluación, el de los trabajadores, para
poder evaluar al sistema de conjunto, pero sí dentro de la misma lógica de este
sistema hay un descenso notable de la Argentina. La última evaluación
educativa, de los estudiantes que egresan del secundario, realizada por el
Ministerio de Educación de Ciudad en el 2011 dio como resultado que el 40% de
los estudiantes no llega al mínimo de la prueba prevista en matemáticas.
Estuvieron por fuera del diseño propuesto! Y hablamos de Ciudad, donde los resultados
suelen ser los más altos del país. Desconocemos qué tipo de pruebas se
hicieron, si fueron adecuadas o no, pero evidencian que hay un problema y no lo
soslayamos. (2)
Todos los organismos del
Estado señalan que habiendo dado la Asignación Universal por Hijo, las netbook,
una inversión del 6,5% del PBI, el problema son los docentes. Existe “sintonía
fina” entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Bs. As. para apuntar
hacia los docentes como la clave para modificar esta situación. Creemos que el
problema amerita un debate de toda la sociedad.
En primer lugar, se reafirma
lo que señalamos (me refiero al espacio de sindicatos y militancia de izquierda
en general) en el 2006 en el Congreso de Educación que realizamos en el
Instituto Superior Mariano Acosta se ha . Y era que la Ley de Educación que
luego se sancionó, era un maquillaje de los problemas educativos que vivíamos y
que no modificaba la situación de fondo. Tampoco ahora se va a resolver por el
camino que se pretende, y que es descargar sobre los docentes la
responsabilidad de esta situación como problemas de tipo casi individuales. Es
necesario abrir un debate, es necesario indagar a fondo sobre las causas de
esta situación.
Nuestras propuestas
Desde nuestro lugar aportamos
algunas ideas: Necesitamos cambios institucionales que inviertan la lógica
vertical y burocrática que tiene el sistema actual, necesitamos cuerpos
colectivos de elaboración y de evaluación y de gobierno de la educación.
Necesitamos que la diferenciación de roles entre directores y docentes no sea
de tipo jerárquico sino que se den verdaderos equipos de trabajo. Es urgente
reformular la jornada laboral docente de manera que incluya el tiempo para la
reflexión, para el intercambio entre pares, el tiempo extra clase para trabajar
con el alumno con dificultades, el tiempo para la capacitación y la
actualización del docente tanto en las disciplinas como en las ciencias de la
educación. En la actualidad, con el desarrollo del conocimiento es imposible
pensar en una buena educación que no contemple el problema de la Formación
Docente Continua en el marco de la jornada laboral. Debe integrar el diseño de
las políticas públicas como algo central. Actualmente está pensada sobre la
base del tiempo libre del docente y su buena voluntad para quitárselo a su
familia y a sus recursos personales.
Cualquier empresa privada que
tenga entre sus propósitos capacitar a su personal en nuevas tecnologías puede
hacerlo deduciendo los costos de impuestos gracias a la Ley de Crédito Fiscal
(3). O sea las empresas pagan desde el salario del capacitador, la hora del
empleado en capacitación y hasta las pizarras digitales del curso que realiza,
de lo que reducen de sus impuestos a las ganancias. (4) Curiosamente el Estado
no hace lo mismo con su propio personal. Entonces el político o ministro de
educación que pretenda hablar de resolver los problemas de la educación sin
proponerse rediseñar la jornada laboral de manera de incluir el tiempo de la
capacitación y de la reflexión de la práctica educativa tanto del aula como
institucional dentro del horario de trabajo, no es serio.
Fundamentalmente hay que ir
construyendo una nueva cultura escolar donde el o la docente se sienta parte,
sujeto de las políticas educativas y no meramente un instrumento de aplicación
de éstas. De esta manera se puede contribuir a generar también una cultura de
mayor responsabilidad sobre los resultados. No se trata de persecuciones
individuales a tal o cual docente. Se trata de cambiar la cultura institucional
a partir de trabajos colectivos, de poner en discusión no solamente una técnica
para enseñar un conocimiento sino para qué y por qué se enseña, es decir la
docencia debe ser reconsiderada como sujeto de las políticas educativas.
Necesitamos condiciones dignas
de salario para que la docencia no tenga que trabajar dos y tres cargos, o viva
con salarios miserables. Pensemos que en Ciudad, una docente con 10 años de
antigüedad gana 2.600$ por una jornada simple y en provincia de Bs As con el
máximo de antigüedad y todos los adicionales en negro, gana apenas 3.400$.
Necesitamos reconfigurar un
sistema educativo nacional que rompa con la lógica que dejó instalada la Ley
Federal y que la Ley 26206 no modificó en sus líneas centrales y que es fuente
de desigualdad entre ciudadanos de un mismo país. Nos referimos a la estructura
por la cual el Estado Nacional solamente interviene como centralizador de las
políticas pero no se hace cargo del mantenimiento, tampoco de la parte
administrativa. Esto último podría ser válido, que la administración no dependa
del Gobierno Nacional como antes, pero lo que no se entiende o lo que es
claramente una continuidad es que no se modificó el mecanismo por el cual el
financiamiento de la educación sigue estando en manos de los Estados
Provinciales y así tenemos que el gobierno hace propaganda que Argentina
invierte más del 6% del PBI en el sistema educativo, lo que daría cuenta de una
inversión alta en relación a otros países de América Latina, e incluso del
mundo pero lo que no dice es que ese porcentaje no se debe al esfuerzo del
gobierno nacional que solamente invierte 5,6% de su presupuesto en educación.
(5)
Pensemos que 40 años atrás
durante el gobierno de Illia cuando se llegó al más alto nivel del presupuesto
educativo nacional, el Estado Nacional aportaba el 25% del presupuesto para
educación y hoy aporta apenas el 5,6%. Entonces estamos en un cuello de botella
porque provincias como la de Buenos Aires tiene una inversión, un esfuerzo en
su presupuesto, cercano al 38, o 39% según el año, y eso es imposible de
superar salvo que le quiten el algodón a los hospitales o que se hiciera una
reforma tributaria donde se aumentara el impuesto a los grandes empresarios,
pero dentro del presupuesto actual, es casi imposible de superar.
Entonces ese diseño que impuso
el Plan Brady y que fue un acuerdo de Cavallo en el año 91 como parte de las
negociaciones para la refinanciación de la deuda, quedó instalado. Hoy tiene
plena vigencia. Han habido mecanismos compensatorios como la Ley de
Financiamiento que sin embargo, no garantizan el derecho en un terreno de
igualdad. Sigue siendo una educación con distintos niveles de inversión
dependiendo de la riqueza o pobreza de cada provincia. Por ejemplo en el 2007,
entre Salta y Tierra del Fuego la diferencia más o menos es 1 a 9, cierto es
que hay distinto costo de vida, pero Capital y Gran Buenos Aires tienen casi el
mismo costo de vida y la diferencia en inversión por alumno es casi 2 o sea por
un peso que se puso en la provincia de Bs As. en Ciudad se destinaron 2 (6).
Eso no se debe a que Macri invierta más sino a que el PBI de Ciudad es más
alto. Ciudad no hace el esfuerzo más grande. Aporta entre 25 y 27% en los
últimos años de su presupuesto, contra 38% a 39% de provincia de Bs As como ya
dijimos. Entonces el alumno de Provincia de Bs As. recibe menos que un alumno
de la Ciudad Bs As. y eso hace a una desigualdad. Y eso es así porque el
sistema no es nacional y porque el Estado Nacional no toma en sus manos el
problema de la educación. (7)
Finalmente necesitamos debatir
el proyecto de país y de sociedad que queremos para mejor dilucidar qué
educación queremos. Estamos convencidos que seguir favoreciendo la educación
privada mediante subsidios, es alentar la cultura neoliberal del sálvese quien
pueda en lugar de promover la cultura de la solidaridad social y un sentido de
cosa pública de la cual todos somos responsables. No basta con argüir que un
triunfo electoral da por sentado la validez y aceptación de un proyecto de país
y de lo que se trata es de aplicarlo. Es evidente que la desigualdad, la
exclusión, así como la creciente depredación de nuestro ambiente pesan como
males que no hacen “felices” a las personas que lo habitan, peor aún hacen
peligrar su subsistencia y calidad de vida.
Nos gustaría discutir si
educamos para reproducir un “capitalismo serio con inclusión”, como dice la
Presidente. Estamos convencidos que el capitalismo lleva a la exclusión en
especial en su etapa actual de “globalización” y más aún, a la destrucción del
planeta, en forma alarmante. Creemos que hay que educar para replantearse las
raíces mismas del sistema capitalista que es el causante de la exclusión y no
una anomalía que se corrige con subsidios. Creemos que hay que rever
críticamente la forma en que nuestra civilización está consumiendo los recursos
naturales e hipotecando el futuro de la humanidad. Los sistemas de evaluación
están relacionados con los proyectos más generales. Qué se evalúa está en
consonancia con lo que se pretende de la sociedad.
Valga el ejemplo: Necesitamos
debatir si el 2 de abril hablamos solamente de la Defensa de las Malvinas
Insulares o también hablamos de la defensa del Famatima, el petróleo, el agua,
acaso nuestras Malvinas continentales.
Creemos, sinceramente que la
docencia tanto de Gualeguaychú como de la pre-cordillera que estuvo a la
vanguardia de la lucha contra las pasteras y las mineras en estos últimos años,
enseñando en el aula y en los cortes de ruta, merece un sobresaliente… Nos
animamos a sostener que los Ministerios de Educación de nuestro país no evalúan
lo mismo.
Laura Marrone es docente de
Ciudad de Bs As. Actualmente Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys-CTA
Notas:
1) Estas cifras no toman en
cuenta la inflación de esos años.
2) Ver Informe de la
Evaluación Educativa 2011 en CaBA en www.buenosaires.gob.ar/areas/educación
3) Se refiere a la Ley 22317
de 1980 que permite la deducción de impuestos a las empresas privadas pequeñas
y medianas para capacitación de su personal. Luego fue ampliada por la Ley
24624 y 25300 que extendieron el beneficio a las grandes empresas y aumentaron
las primeras al 8% el monto de los impuestos deducibles.
4) Ver “Una solución poco
seria a un problema serio” en Debates sobre política educativa en
www.ademys.org.ar
5) Ver La Reforma Contraataca.
6 claves para entender el proyecto de nueva Ley de Educación. (2006) en
www.docentesdeizquierda.com
6) Ver informe del CIPPEC –
2010
7) Más información en “Quien
tiene el derecho a elegir” publicado en 2010 www.docentesdeizquierda.com
Laura Marrone (especial para
ARGENPRESS.info)
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