Desde que comenzamos la investigación para la realización de Awka Liwen esperaba una demanda judicial por parte de los Martínez de Hoz. Pero también esperaba que dicho ataque fuera rechazado por los jueces en aras del principio constitucional de la libertad de expresión. Me equivoqué en el segundo extremo.
El estudio que nos ataca se llama PAGBAM y tiene entre sus socios a los José Alfredo Martínez de Hoz (h. y n.), Mariano Grondona (h), Pedro Eugenio Aramburu (h.), etcétera. Fue fundado en 1991 con el propósito de litigar contra el Estado argentino a favor de las empresas privatizadas.
En 1976 José A. Martínez de Hoz derogaba el impuesto a la herencia porque había muerto su padre –el que corre alegremente a las vacas en Awka Liwen– y así evitaba pagarlo él mismo por la enorme fortuna testamentada. En 1977 sancionaba la Ley de Entidades Financieras (Nº 21.526) y de esta forma selló el pacto de la primacía de las finanzas especulativas sobre la economía productiva.
Esto no es de extrañar en esta familia, puesto que su accionar público indica que siempre estuvieron en contra de los intereses de las mayorías de los habitantes de estos suelos. El 22 de mayo de 1810 José Martínez de Hoz había votado a favor de los realistas en el Cabildo Abierto. Ya era rico gracias al comercio de esclavos, al nombramiento por parte de los invasores ingleses como administrador de la Aduana de Buenos Aires en 1806 y al saqueo del oro y la plata americanas hacia Europa.
Haciendo algunas elipsis llegamos a la autoría intelectual y material del delito de genocidio contra los pueblos originarios, que desde antes de la creación de la Nueva Sociedad Rural Argentina (1866) le correspondió a José Toribio Martínez de Hoz con el impulso a la sanción de la Ley de Ocupación de la Tierra (Nº 215) que luego de años de debate se sancionó en 1867. Autoría material, sí, por el financiamiento de las matanzas, la provisión de caballos y logística y un sinfín de apoyos de diversa índole a los militares que luego de “limpiar de indios el desierto” le traspasarían en propiedad 2,5 millones de has.
Entonces, ¿qué podríamos esperar de la familia Martínez de Hoz? ¿Alguna idea o pensamiento? Esa nunca fue su especialidad.
Pero lo que transformó el ataque de “los aristócratas con olor a bosta de vaca” (último Sarmiento dixit) en persecución judicial contra Osvaldo Bayer, Felipe Pigna y mi persona (a Kristina Hille no la demandan debido a que es alemana y así intentan evitar que intervenga la justicia de dicho país) fue la luz verde que la Sala M de la Cámara Nacional Civil y Comercial les otorgó a los descendientes del ministro dictatorial y el posterior y acomodaticio cambio de actitud del juez de primera instancia.
Eso sí que no lo esperaba en la Argentina democrática de 2011. Seguramente la respuesta estará en la currícula de los camaristas intervinientes
El estudio que nos ataca se llama PAGBAM y tiene entre sus socios a los José Alfredo Martínez de Hoz (h. y n.), Mariano Grondona (h), Pedro Eugenio Aramburu (h.), etcétera. Fue fundado en 1991 con el propósito de litigar contra el Estado argentino a favor de las empresas privatizadas.
En 1976 José A. Martínez de Hoz derogaba el impuesto a la herencia porque había muerto su padre –el que corre alegremente a las vacas en Awka Liwen– y así evitaba pagarlo él mismo por la enorme fortuna testamentada. En 1977 sancionaba la Ley de Entidades Financieras (Nº 21.526) y de esta forma selló el pacto de la primacía de las finanzas especulativas sobre la economía productiva.
Esto no es de extrañar en esta familia, puesto que su accionar público indica que siempre estuvieron en contra de los intereses de las mayorías de los habitantes de estos suelos. El 22 de mayo de 1810 José Martínez de Hoz había votado a favor de los realistas en el Cabildo Abierto. Ya era rico gracias al comercio de esclavos, al nombramiento por parte de los invasores ingleses como administrador de la Aduana de Buenos Aires en 1806 y al saqueo del oro y la plata americanas hacia Europa.
Haciendo algunas elipsis llegamos a la autoría intelectual y material del delito de genocidio contra los pueblos originarios, que desde antes de la creación de la Nueva Sociedad Rural Argentina (1866) le correspondió a José Toribio Martínez de Hoz con el impulso a la sanción de la Ley de Ocupación de la Tierra (Nº 215) que luego de años de debate se sancionó en 1867. Autoría material, sí, por el financiamiento de las matanzas, la provisión de caballos y logística y un sinfín de apoyos de diversa índole a los militares que luego de “limpiar de indios el desierto” le traspasarían en propiedad 2,5 millones de has.
Entonces, ¿qué podríamos esperar de la familia Martínez de Hoz? ¿Alguna idea o pensamiento? Esa nunca fue su especialidad.
Pero lo que transformó el ataque de “los aristócratas con olor a bosta de vaca” (último Sarmiento dixit) en persecución judicial contra Osvaldo Bayer, Felipe Pigna y mi persona (a Kristina Hille no la demandan debido a que es alemana y así intentan evitar que intervenga la justicia de dicho país) fue la luz verde que la Sala M de la Cámara Nacional Civil y Comercial les otorgó a los descendientes del ministro dictatorial y el posterior y acomodaticio cambio de actitud del juez de primera instancia.
Eso sí que no lo esperaba en la Argentina democrática de 2011. Seguramente la respuesta estará en la currícula de los camaristas intervinientes
http://tiempoarg.elargentino.com/notas/¿que-podiamos-esperar-de-los-aristocratas-con-olor-bosta-de-vaca-¿y-de-justicia
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