A inicios de octubre, se desarrolló un conflicto salarial entre la suboficialidad y la base de la Gendarmería (policía militarizada de fronteras) y Prefectura (policía naval de puertos y ríos) con el gobierno argentino de Cristina Kirchner y las cúpulas de esas fuerzas.
El origen del conflicto fue que, como parte de un plan económico de ajuste contra la clase trabajadora y el pueblo argentino en general y que ataca los salarios de los trabajadores estatales en particular, el gobierno de Cristina decretó la eliminación de varios pagos adicionales que no integran el sueldo básico y los miembros de ambas fuerzas cobraron sus salarios con descuentos de entre el 30 y el 60%.
Esto generó, por parte de la base y la suboficialidad de ambas instituciones militares, una huelga de hecho, con asambleas y movilizaciones frente a los edificios centrales de ambas fuerzas. Después, se incorporó el reclamo de un salario básico de 7.000 pesos (aproximadamente unos 1.500 dólares). En ese punto, se plegaron al reclamo 200 suboficiales de la Armada, suboficiales de la Fuerza Aérea y esposas de suboficiales del Ejército.
Frente a este conflicto, el gobierno argentino tuvo una política cuidadosa. Por un lado, no se atrevió a reprimir en forma directa y abrió negociaciones con una inédita “comisión de representantes” (señalemos que las fuerzas de seguridad en Argentina tienen prohibido sindicalizarse y realizar reclamos salariales o laborales), concediendo rápidamente la anulación de los descuentos. Por el otro, sancionó a 8 voceros del conflicto y se negó a discutir una modificación del salario básico.
Al mismo tiempo, en el Congreso Nacional, todas las fuerzas oficialistas y de la oposición burguesa votaron una declaración en que llamaron “a las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legítimamente constituidas, en un todo de acuerdo con la Constitución Nacional” (Clarín, 4-10). En otras palabras, la declaración pasó la idea de que el movimiento tenía connotaciones golpistas. Todas las expresiones políticas de la burguesía argentina coincidieron en exigir que los gendarmes y policía navales en huelga “se tranquilicen” y “se vayan a su casa”.
Tanta preocupación y unidad de la burguesía argentina no es casual. En la Argentina existe actualmente una prohibición legal de que las fuerzas armadas participen en la represión interna. Esta situación, sumada a la profunda crisis de la policía federal y las policías provinciales, hizo que la Gendarmería y la Prefectura, especialmente la primera, se transformaran en las principales fuerzas de represión de conflictos sociales, huelgas, manifestaciones y cortes de ruta. Ahora existía una crisis en el seno de esas propias fuerzas represivas. Para las clases poseedoras argentinas se dio una situación inquietante, del tipo “¿Quién podrá defendernos?”
Es claro que este conflicto es una expresión de la crisis económica, social y política que comienza a afectar de modo creciente a Argentina. Sin embargo, no es el análisis sobre las raíces de este proceso el que vamos a abordar en este material.
Nuestra intención es desarrollar el debate que con la mayoría de la izquierda argentina y latinoamericana sobre cuál debe ser la posición de las organizaciones socialistas revolucionarias frente a conflictos de este tipo y, más en general, cuál es la política revolucionaria hacia las fuerzas armadas y de seguridad. Esta polémica no es nueva, ya se expresó en ocasión de la rebelión policial en Ecuador, en 2010, y en la huelga de los bomberos de Río de Janeiro, en 2011.
Nuestra posición
La posición del PSTU (sección argentina de la LIT-CI) fue apoyar la lucha de gendarmes y policías navales contra el gobierno. Es la misma que tuvieron nuestras secciones en Ecuador y en el Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo y el PSTU brasileño apoyaron la lucha de los policías que se amotinaron contra el plan de ajuste de Correa y a los bomberos, que exigían mejores salarios contra el gobernador Cabral en Rio de Janeiro.
En todos estos casos, se presentó una situación concreta que exigió unposicionamiento y una política también concreta: se trataba de conflictos donde se enfrentaban directamente la base y la baja oficialidad de esas fuerzas represivas contra la alta jerarquía militar o policial y los gobiernos municipales o nacionales. Hablamos de enfrentamientos no sólo políticos sino hasta físicos. En el caso de Ecuador y Brasil, los gobiernos mandaron a fuerzas especiales para reprimir a la base insubordinada, provocando enfrentamientos y muchos soldados y oficiales presos o sancionados.
El debate con la izquierda argentina y latinoamericana es el siguiente: ¿De qué lado se colocan los partidos que se precien revolucionarios en un conflicto de estas características? Sólo existen dos alternativas concretas en la realidad: o estamos con la base de soldados o policías y la baja oficialidad en contra de las altas cúpulas militares y los distintos gobiernos capitalistas, o estamos con los gobiernos (Correa, Cabral/Dilma, Cristina K.) y las cúpulas en contra de las reivindicaciones de los sectores insubordinados y a favor de que sean reprimidos.
La posición de la LIT-CI es la primera. Y tenemos esta posición porque seguimos la política tradicional de Lenin que, con la perspectiva del triunfo de la insurrección obrera y socialista, planteaba “llevar la lucha de clases” en el seno de las fuerzas armadas capitalistas. Esto significa aprovechar las profundas contradicciones sociales que existen dentro de estas instituciones y tener una política para enfrentar la base y la suboficialidad con la cúpula de altos oficiales de las FF.AA. y el Estado burgués, mediante un programa de reivindicaciones concretas para dividir las fuerzas represivas, ganando a un sector para la revolución para enfrentar al otro. Toda esta política está al servicio no de “reformar” sino de destruir a estos “destacamentos armados” del Estado burgués.
La política leninista-trotskista se aplicó con éxito entre febrero y octubre de 1917, cuando millones de soldados movilizados por los gobiernos capitalistas rusos en la Primera Guerra Mundial se rebelaron, rompieron la cadena de mandos, se organizaron y participaron de los soviets (concejos de diputados de obreros, campesinos y soldados). Lenin y Trotsky coincidieron en que esta política fue determinante para el triunfo de la revolución de octubre de 1917. La política que viene aplicando la LIT-CI y recientemente el PSTU (A), de apoyar estos conflictos al interior de las fuerzas represivas, está orientada por esta tradición leninista.
Una posición pacifista encubierta con lenguaje “radical”
En la Argentina, el Nuevo MAS y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) se han posicionado en contra de la lucha de los gendarmes y prefectos. El PTS, a través de su corriente internacional, la Fracción Trotskista, ya se había posicionado en contra de la lucha de los bomberos de Río de Janeiro el año pasado.
Por supuesto, estas organizaciones que se reclaman trotskistas, intentan revestir esta posición con toda una envoltura de frases grandilocuentemente “revolucionarias”. Pero la realidad es la realidad y es muy difícil esconderla. La propia declaración del PTS, por ejemplo, comienza reconociendo que “El amotinamiento protagonizado por la suboficialidad de la Prefectura y la Gendarmería (al que se sumó un sector de la Armada) abrió una crisis nacional. El conflicto, detonado por un recorte salarial, se transformó en político. El abucheo a los oficiales, la extensión del conflicto y su propagación entre las Fuerzas, ilustran lo grave de la situación (…) El gobierno está en una encrucijada. Si retrocede en toda la línea puede quedar como rehén de los insubordinados, y su ejemplo ser tomado por otros sectores de las FF.AA. incluso por policías provinciales que simpatizan con los rebeldes. Por el contrario, si no cede, el escenario puede polarizarse, perdiendo, de manera más abierta, el control de sectores claves del aparato de Estado, y poniendo en juego su propia gobernabilidad”[1].
Esto es impresionante. Frente a un “amotinamiento” que “se transformó en político”, donde los oficiales eran abucheados y se extendió a otros sectores, configurando una situación “grave” que “abrió una crisis nacional” que colocó al gobierno “en una encrucijada” pues, nada menos, podía perder “el control de sectores claves del aparato de Estado” y poner “en juego su propia gobernabilidad”….el PTS está en contra de la lucha que generó toda esa crisis ¡Porque supuestamente todo esto “fortalece al estado burgués! Fuera de la discusión sobre lo que sería esta extraña forma de “fortalecer” el Estado burgués a través de una lucha que, como ellos mismos reconocen, abrió una crisis política nacional que cuestionó el propio control del gobierno sobre un sector de las FF.AA., el pilar de cualquier Estado burgués, queremos retomar la discusión concreta: si el PTS está contra la lucha de la base y los suboficiales de la Gendarmería y la Prefectura, se ubica objetivamente al lado de la jerarquía militar y el gobierno de Cristina y su política económica de ajustes.
No sólo esto, esa posición no tiene nada que ver con una política revolucionaria sino con un pacifismo reaccionario, que abandona la lucha por aprovechar y exacerbar las contradicciones de clase dentro de las fuerzas armadas para dividirlas y destruirlas.
El PTS (el Nuevo MAS tiene argumentos similares) dice que la política leninista no se aplica en este caso, pues sólo puede aplicarse con dos condiciones:
a) “...si estuviésemos hablando de un ejército de conscriptos, reclutados en masa de las clases explotadas, como suele suceder durante las guerras, donde es preciso levantar un programa que tome las reivindicaciones económicas y políticas de la tropa”.
Por lo tanto, no es válida para los ejércitos profesionales (asalariados) ni para las fuerzas de seguridad. Ellos son parte de instituciones del Estado burgués con disciplina militar cuya función es reprimir a los trabajadores, son “guardias pretorianas”. En este sentido, no están sujetos a contradicciones de clase o esas contradicciones son ajenas a los intereses de los trabajadores. Sus miembros de base y suboficiales no son trabajadores y, aunque sean asalariados y originarios de las clases explotadas, ese carácter de miembros de un aparato represivo domina en términos absolutos sobre el otro (ser asalariados). Por este motivo, cualquier conflicto en su seno por aumentos salariales o condiciones laborales sería reaccionario porque, en última instancia, busca mejorar las condiciones de los represores. Cuanto más cobren, mejor van a reprimir. Por eso habría que estar en contra de ellos. Coherente con eso, se oponen a la propuesta de sindicalización de estos sectores, a la que consideran doblemente reaccionaria. Por un lado, porque esto serviría para mejorar las condiciones laborales de los represores. Por el otro, sembraría ilusiones sobre que se puede “reformar” el estado burgués y sus instituciones represivas, algo imposible. Presenta el ejemplo de Francia, donde existen sindicatos policiales pero esto no evita que la Policía reprima.
Es un hecho que existe una tendencia a que las fuerzas armadas cuenten con menos conscriptos y sean formadas cada vez más por sectores “asalariados” o “profesionales”. Por ejemplo, en la propia Argentina, hasta que dejó existir el servicio militar obligatorio, las tropas, desde la base hasta la cúpula, reciben un pago. Pero este nunca fue un criterio para definir la política revolucionaria para destruir las FF.AA. burguesas. La política de Lenin siempre fue aprovechar las desigualdades y contradicciones de clase dentro de esos aparatos para dividirlos, enfrentando a los soldados contra los suboficiales y hasta a éstos últimos contra los altos mandos. Puede darse, por ejemplo, una lucha de suboficiales contra alto mandos (coroneles, generales) ¿Los revolucionarios debemos estar en contra o abstenernos de tener política sólo porque los suboficiales son “profesionales” y no “conscriptos”? Por ejemplo, en Argentina, las policías provinciales siempre fueron pagadas de arriba abajo ¿Esto significa que si estalla una rebelión de los agentes (soldados) contra los suboficiales o de éstos contra los oficiales de más rango, no debemos hacer nada para profundizar esa crisis porque “no son conscriptos”? Ese nunca fue el criterio de Lenin, Trotsky y de ningún marxista, que siempre pensaron cómo acrecentar las crisis y los enfrentamientos a lo largo de la cadena de mando, a partir de las contradicciones de clase.
b) “Sólo en una situación de fuerte crisis del poder estatal y alza generalizada de la lucha de clases puede producir el hecho de que parte de la base social popular de una fuerza represiva ‘rompa la cadena de mandos’ y dé vuelta el fusil, poniéndose del lado de los trabajadores, no mediante mecanismos de la legalidad de esta democracia para ricos o por ‘convencimiento’ pacífico, sino de una fuerza material:si la clase trabajadora en lucha conquista sus organismos de autodefensa, su propio poder armado, las milicias obreras”.
Es decir, sólo sería válida en situaciones revolucionarias, con doble poder y milicias obreras armadas. Entonces, para ellos, fuera de esas situaciones, en las que sí se podría lograr una división de esas instituciones, hay que estar en contra de esas luchas. Esta es una política pacifista reaccionaria, típica del reformismo que opina que como no está colocada la toma del poder no interesa ningún tipo de trabajo político para destruir las FF.AA., principal sostén del Estado burgués. Decir esto equivale a decir que, mientras no llegue la hora de la revolución socialista, no debemos tener política para las huelgas o enfrentamientos concretos entre obreros y patrones o, incluso, para aprovechar las crisis inter-burguesas.
¿Guardias pretorianas?
Para hacer el debate, partimos de una coincidencia con el PTS y el nuevo MAS. Los ejércitos, especialmente los profesionales, y las fuerzas de seguridad son “destacamentos armados” del Estado burgués con la función de reprimir a los trabajadores y defender la propiedad privada capitalista. Esto significa que, como instituciones, no pueden ser “reformadas”: la estrategia debe ser destruirlas con el poder de la lucha de la clase obrera y su expresión en el terreno militar. No tenemos ninguna ilusión reformista en sentido contrario. Esa no es la discusión.
La discusión es cuál debe ser la política para destruir las FF.AA. burguesas, cuestión que abarca hechos como las huelgas salariales y la sindicalización policial creciente. El PTS y el Nuevo MAS señalan que no son trabajadores, definición con la que también coincidimos. El problema es que, en los hechos, niegan que en su seno existan contradicciones de clase, a partir de su carácter de asalariados y del origen social pobre de la base de soldados o la baja oficialidad, en muchos casos provenientes de la clase obrera o el campesinado pobre, dentro de esas instituciones represoras.
El PTS dice que “Se trata de una guardia pretoriana a la que no se puede ganar para el campo de la lucha obrera sólo con agitación y propaganda y mucho menos a partir del apoyo de sus demandas corporativas”[2]. Por su parte, el Nuevo MAS, admite que existe este origen social “humilde” en sectores de estas fuerzas, pero que “cuando entran en servicio, este origen social es ‘borrado’”[3].
Si lo que dicen estos sectores dichos “revolucionarios” es correcto, entonces no existen contradicciones dentro de las fuerzas represivas que podamos aprovechar ahora y sólo quedaría cruzarse de brazos hasta que llegue el momento de la revolución obrera y socialista triunfante. Lo que estos partidos están diciendo, a los trabajadores y la base de esas mismas fuerzas represivas, en momentos en que se están insubordinando y quebrando la cadena de mando burguesa (no por casualidad les está prohibido hacer huelgas o sindicalizarse), cuestionando toda esa estructura vertical al servicio de defender la propiedad privada y controlada por gobiernos burgueses, en este caso el de Cristina K., es más o menos esto: ¡Soldados y suboficiales!: Ustedes son y siempre serán represores del pueblo y “perros guardianes” de los ricos, ésa es su función eterna…por tanto, no cuestionen ese papel ni su propia cadena de mando ¡no luchen contra sus oficiales, no luchen contra el gobierno!.
La cuestión es que, al negar que las fuerzas armadas se pueden dividir a partir de las contradicciones sociales en su seno y al oponerse a que las tropas y los mandos inferiores se sindicalicen y realicen huelgas, están colocándose a favor de mantener la estructura de las FF.AA. tal cual está. Esto es así porque toda huelga o conflicto dentro de las FF.AA. implica una ruptura de la cadena de mando, pues se entiende que si la base hace huelgas, la hará contra sus superiores o contra el mismo gobierno burgués. Vista esta cuestión ¿Quién tiene la política que fortalece las fuerzas represivas, quienes intentan profundizar los enfrentamientos entre la base y la cúpula de las FF.AA. o quienes oponen a que, desde adentro, se cuestione la cadena de mando?
El análisis del PTS y del Nuevo MAS no tiene sustento en la realidad, aunque lo intenten revestir de fraseología “izquierdista”. Es sabido por cualquiera que en Argentina y muchos países, los miembros de los ejércitos profesionales y las fuerzas de seguridad no son trabajadores, pero su origen de clase, su carácter de asalariados, sus condiciones laborales, zonas de vivienda, les crean numerosos vasos comunicantes con la clase obrera y esto abre la posibilidad de la influencia de una política obrera y revolucionaria. Esto es así porque el capitalismo no tiene condiciones de pagar con altos salarios al conjunto de sus fuerzas represivas ¿O es lo mismo un gendarme argentino o un policía militar brasileño que recibe un salario miserable y vive en un barrio pobre que un coronel o general que gana 10 veces más y vive en barrios ricos? ¿No existe ninguna contradicción de clase que los revolucionarios podamos explotar a favor de destruir ese aparato contrarrevolucionario para preparar las condiciones de la revolución socialista?
¿Sólo con la revolución?
El segundo argumento (es una política que sólo puede aplicarse en situaciones revolucionarias) del PTS y del Nuevo MAS, además de capitular al gobierno de Cristina y a los altos mandos militares, es espontaneísta y pacifista.
Estas organizaciones caen en el espontaneísmo al abandonar una política permanente y previa de agitación y propaganda sobre la base y los mandos inferiores de las FF.AA., dejando esto para cuando la situación sea crítica y revolucionaria. Si siguiéramos esta orientación, nuestra tarea sería, mientras no llegue la situación revolucionaria del tipo octubre ruso, quedarnos sentados mirando este tipo de crisis y enfrentamientos –muchos de ellos físicos- entre los soldados y sus comandantes y los gobiernos burgueses. Esto no tiene nada que ver con lo que orientaba, por ejemplo, la III Internacional, que entre las 21 condiciones para aceptar partidos en su seno, establecía: “El deber de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de realizar una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”. La política de no hacer agitación y propaganda sobre las tropas o la base de las fuerzas armadas sino hasta “que suene la hora” de una insurrección, es espontaneísta y sólo puede acarrear derrotas al proletariado en una perspectiva estratégica.
La política de estas organizaciones es pacifista pues se niega a la lucha política al interior de las fuerzas armadas. Sabemos que sin división de las FF.AA. burguesas no existe posibilidad de que triunfe la revolución socialista ni de destruir esas fuerzas represivas. Entre los que coinciden con esta premisa, existen dos sectores: a) los leninistas-trotskistas, que defendemos que para esto es necesario un trabajo político sistemático sobre la base de esas fuerzas represivas en el sentido de profundizar su crisis; b) los sectores guerrilleros foquistas que pregonan la necesidad de montar un ejército popular que gradualmente se fortalezca hasta un enfrentamiento final y decisivo de ejército a ejército con la burguesía. Los guerrilleros tienen una táctica equivocada pero tienen como objetivo destruir las fuerzas armadas del estado burgués.
Si el PTS y el Nuevo MAS no defienden ni lo uno ni lo otro, queda claro que su posición es pacifista y, por tanto, niega la propia estrategia de la insurrección. En la práctica están a favor de que la estructura de mando de las fuerzas represivas se mantenga, posición típica del pacifismo reaccionario.
Pero insistimos. Estas organizaciones se consuelan y tratan de justificar su política hablando de una situación futura, de la situación revolucionaria, de un posible nuevo octubre, lo cual hoy, aún no existe en la realidad. Lo que existió y probablemente se continúen dando, aún sin haber una situación revolucionaria, debido a la crisis capitalista y la imposibilidad de garantizarle mejores salarios y condiciones laborales a la base de las fuerzas represivas, son huelgas como la de los bomberos en Río de Janeiro o la Gendarmería y Prefectura en Argentina, motines como los de Ecuador, la formación de sindicatos policiales en Argentina o el llamado de esos sindicatos a movilizarse junto a los trabajadores. En esos procesos, siempre se rompe la “cadena de mando” (eje del funcionamiento de estas instituciones), se insultan y agreden a los oficiales superiores, se ocupan cuarteles (como fue el caso de los bomberos de Rio de Janeiro) y se dan fuertes represiones y castigos a los insubordinados por parte de los altos mandos.
Frente a esta realidad –y no frente a situación que aun no existe-, las preguntas a responder son sencillas: ¿Es mejor que estos sectores se movilicen y luchen contra el Estado y los gobiernos capitalistas con métodos de la clase obrera o no? ¿Los enfrentamientos dentro de las fuerzas represivas de la base contra la cúpula militar favorecen a los trabajadores o fortalecen al Estado burgués? ¿Crean o no mejores condiciones en la preparación de una situación revolucionaria y la destrucción de estas instituciones represivas? ¿Es mejor que triunfen o que sean derrotados? Para nosotros, las respuestas son positivas y por eso nuestra política de apoyo a estas luchas.
El PTS y el Nuevo MAS sacan la conclusión opuesta. Son luchas reaccionarias y hay que estar en contra. Con ello, frases “izquierdistas” aparte, le hacen un gran favor a la burguesía, pues acaban militando por la derrota de procesos progresivos y, de esta forma, alejan a la clase obrera de una política de destrucción de estas instituciones.
En esto queremos ser categóricos: estas organizaciones acaban haciendo unidad con la burguesía, los gobiernos y los regímenes capitalistas. Por ejemplo, el Nuevo MAS, agregó a su análisis de por qué estaba en contra de esta lucha una supuesta “dinámica peligrosa de cuestionar por la derecha a las autoridades constituidas”. Este partido, al igual que toda la patronal y el gobierno argentino, quedó alarmado porque una posible victoria de los reclamos salariales de los gendarmes insubordinados colocaba “en cuestión su ‘subordinación’ al poder político”. ¿Poder político de quién? No puede ser otro que el de la burguesía argentina a través del gobierno de Cristina K.
Creemos que este análisis es totalmente equivocado. Nunca se trató de un intento de golpe sino de un reclamo salarial. Podía haber sido una intentona golpista que cuestionase las libertades democráticas, pero no fue. Pero, incluso en el marco –y a partir de- ese profundo error de caracterización, la política del MAS es totalmente inconsecuente porque, si estuviéramos delante de un golpe militar, debería haber llamado a los trabajadores y hasta a sectores burgueses “institucionalistas” a una amplia unidad de acción que enfrente con la movilización este potencial golpe reaccionario. En otras palabras, en el marco de un análisis totalmente equivocado, un abstencionismo criminal frente al supuesto golpe que denunciaban.
Pero, como no se trató de un golpe, en los hechos quedaron defendiendo a las “autoridades constituidas” de una lucha salarial que las enfrentaba como “poder político”. Tal fue el papel vergonzoso del Nuevo MAS –que lo dijo abiertamente- y también del PTS.
Finalmente, digamos que la principal organización de la izquierda argentina, el Partido Obrero (PO), no tuvo una posición frente a los hechos. Aunque parezca increíble, en sus materiales hay muchos análisis sobre lo que generó este conflicto pero es imposible saber si el PO estaba en contra o a favor de la lucha de los gendarmes y policías navales. Frente a un hecho que sacudió la vida política argentina, el PO dijo “gracias, no fumo”, o sea no tomó partido frente a ese enfrentamiento lo que también equivale a una posición pacifista y una capitulación al gobierno y la cúpula militar argentina.
[1] La protesta de los represores abrió una crisis política, 4/10/2012, disponible en el sitio web del PTS.
[2] ROS, Jonatan: La continuación del pacifismo por otros medios, 18/10/2012, publicado en La Verdad Obrera Nº 497.
[3] ROJO, José Luis: Un análisis de clase de las fuerzas de seguridad, 18/10/2012, publicado en el sitio web de Socialismo o Barbarie, corriente internacional liderada por el Nuevo MAS argentino.
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