El día a día del reo Videla
Cómo es la cárcel de la U34 del servicio penitenciario federal de Campo de mayo para los genocidas
Jorge Rafael Videla, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Federal de Córdoba el pasado miércoles 22 de diciembre y procesado en distintos juzgados del país, pasará sus días alojado en la celda 5 del pabellón C de la Unidad Penal 34 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Campo de Mayo, en el oeste bonaerense. En esa cárcel, dependiente del Ministerio de Justicia pero ubicada en el interior de la guarnición militar más grande del país, Videla comparte los días y las noches con otros 38 ex militares de Ejército. La custodia, tanto externa como interna corre por cuenta de funcionarios penitenciarios. Por convenios entre los ministerios de Defensa y Justicia, estos ex militares no pueden vestir uniformes ni tener ninguna actividad que esté vinculada con su pasado en la fuerza. Sólo reciben atención médica y alimentos provistos por militares.
Están bajo un reglamento penitenciario propio de reos comunes y tienen una rutina similar a la de las otras cárceles. A las 7.45, la guardia entrante procede a realizar el recuento de presos para verificar que ninguno se haya fugado. Entre las 8.05 y las 8.30 deben realizar su aseo personal y el de su celda. Luego tienen desayuno, recreo, posibilidad de asistir a misa, almuerzo, siesta y, de nuevo, recreo. A las 19.45 el personal penitenciario hace el recuento nocturno, tras lo cual los presos pueden cenar y hacer sobremesa hasta las 22, hora desde la cual deben quedarse en las celdas con las puertas cerradas. Videla comparte su vida con otros genocidas como Ernesto Barreiro (jefe del campo de concentración La Perla que reportaba directamente a Luciano Menéndez), Héctor Vergés (jefe de secuestros, traslados y exterminio de La Perla), Enrique José Del Pino (que comenzó su carrera criminal en el Operativo Independencia con Acdel Vilas) o Jorge Enrique Olivera Rovere (jefe del campo de concentración de Campo de Mayo), Eduardo Cabanillas (jefe del campo de concentración Orletti), Jorge Fariña (miembro del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario), Osvaldo García (ex jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo), Alfredo Feito (miembro del batallón 601 de Inteligencia, con participación en los campos de concentración El Banco y El Olimpo) o Enrique Mones Ruiz (otro de los jefes de La Perla).
La determinación de quiénes están en la U34 de Campo de Mayo es del Servicio Penitenciario consensuada con los jueces. Aunque en la formalidad los presos no influyen en quiénes son sus compañeros de cárcel, el reo Luis Abelardo Patti, que proviene de las filas de la Bonaerense, quiso ser de la partida con los altos ex oficiales de Ejército. Claro que, apegados a su concepción jerárquica y de casta, Patty recibió el rechazo generalizado y quedó alojado en el Penal de Marcos Paz, donde están la mayoría de los procesados por delitos de lesa humanidad. Dado que hay sólo 39 plazas en la U34, el Servicio Penitenciario tiene un listado de los candidatos a ocupar una celda vacante. En un caso se produjo una alteración de la lista: fue hace un año, cuando el obispo Jorge Casaretto accedió a un pedido del ex oficial Carlos Plá Casaretto (jefe de la represión en San Luis). Desde entonces, el sobrino del presidente de la Pastoral Social del Episcopado argentino está en el pabellón C, el mismo que Videla.
El límite de las plazas a ocupar es estricto. En una oportunidad, una jueza se comunicó con las autoridades penitenciarias para imponerles el traslado de un reo -ex oficial de Ejército- desde Marcos Paz hacia la U34. El motivo expuesto fue poco menos que la añoranza del régimen dictatorial. La magistrada quiso dar lugar a un reclamo de un hijo del ex militar, quien le refirió que le producía un profundo disgusto ir a visitar a su padre a un lugar donde no había personas con uniforme del Ejército. En Marcos Paz, los penitenciarios, como en todos lados, visten de gris. La supuesta melancolía del hijo del preso no fue suficiente y el Servicio Penitenciario denegó el reclamo. Otros jueces, por su parte, actúan con criterios completamente ajustados a Derecho. Por ejemplo, el juez federal Daniel Rafecas ordenó, hace tiempo, el traslado del Hospital Churruca del ex comisario Samuel Miara -apropiador de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa- al penal de Marcos Paz. Miara sufre una afección cardíaca y por eso Rafecas aceptaba su detención en el hospital policial. Sin embargo, una enfermera que asistía regularmente a Miara se quejó de los manoseos del reo. Ante eso, el juez dispuso que los controles sanitarios se realizaran en una cárcel común.
Cabe aclarar que el Servicio Penitenciario dispone de un hospital de alta complejidad en el complejo penitenciario de Ezeiza y que cualquiera de los presos por delitos de lesa humanidad es trasladado allí a requerimiento médico.
¿Cómo se controla a estos reos comunes? Hasta mediados de 2007, la mayoría de los ex miembros del Ejército acusados de delitos de lesa humanidad estaban alojados en cuarteles militares. Por ejemplo, para esa fecha, Luciano Menéndez y Antonio Bussi eran juzgados y, al mismo tiempo, vivían en el Casino de Oficiales del arsenal Miguel de Azucuénaga, un tenebroso campo de concentración que ellos mismos habían regenteado tres décadas atrás. Los atendían oficiales en actividad que, de acuerdo a su cultura, los consideraban superiores jerárquicos detenidos y no reos de la Justicia. Videla, por su parte, vivía en su departamento de la avenida Cabildo frente al Instituto Geográfico Militar.
La decisión de convertir el penal militar de Campo de Mayo en una cárcel bajo el régimen del Servicio Penitenciario Federal surgió de un convenio firmado a fines de 2007 entre los ministros de Defensa y de Justicia de entonces, Nilda Garré y Alberto Iribarne, respectivamente. Esto se hizo operativo a los pocos meses cuando Aníbal Fernández se hacía cargo de Justicia. Al principio, la guardia externa estaba a cargo de Gendarmería. Luego, la totalidad de la responsabilidad pasó a manos penitenciarias. En la actualidad, el jefe de la U34 es el alcalde mayor Raúl Solís y la subdirectora es la alcalde Verónica Masarik, quienes tienen sus despachos en las instalaciones de la cárcel y son responsables de la totalidad de las actividades penitenciarias.
Los 39 procesados y condenados de la U34 tienen establecidos un horario de tres visitas ordinarias semanales (miércoles de 16 a 19 y sábados y domingos de 11 a 17), tanto de parientes como de amigos. Además, pueden solicitar visitas extraordinarias en otros horarios. Las listas de visitantes son remitidas por las autoridades penitenciarias al fiscal Félix Crous, del área de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, y también al Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia. Es una manera de mantener la vigilancia de las actividades de quienes están acusados y condenados de crímenes atroces y que pueden mantener vínculos destinados a sabotear la democracia. Estos cuidados se tienen especialmente desde el 18 de septiembre de 2006, cuando fue secuestrado Jorge Julio López, testigo clave en la condena de Miguel Etchecolatz, quien cumple prisión efectiva en el penal de Marcos Paz.
Hace pocos meses, el Servicio Penitenciario echó a un sacerdote católico que oficiaba misa tanto en Marcos Paz como en Campo de Mayo porque quedó en evidencia que se trataba de un discípulo de Christian Von Wernich, alojado precisamente en Marcos Paz. El personal penitenciario tiene instrucciones precisas de no entrar en relaciones personales con los presos y deben controlar que las visitas no les ingresen teléfonos celulares de contrabando. Estos presos, al igual que la población penitenciaria de otros institutos, no tienen acceso a Internet. Disponen, sí, de teléfonos fijos que pueden usar abonando con tarjeta. Estos presos tienen abogados, ya sea privados o defensores oficiales, que los visitan y con quienes pueden fijar una estrategia jurídica para defenderse.
Además, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia actúa como celosa vigilante de las garantías constitucionales de los reos. Esta asociación está presidida por Alberto Solanet Estrada, hermano de Manuel Solanet, quien se destacó por su participación en los equipos económicos de las dictaduras cívico militares junto a Adalbert Krieger Vasena, Roberto Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz.
La intensa actividad judicial hace que, por ejemplo, al momento de publicarse esta nota, 12 de los 39 presos de la U34 estuvieran fuera del penal a requerimiento de los tribunales orales que los juzgan. En el caso de Videla fue ordenado su envío a cárcel común el 10 de octubre de 2008. Corrió por cuenta del juez federal Norberto Oyarbide en el marco del secuestro sistemático de niños, y había sido pedido dos meses antes por varias abuelas de Plaza de Mayo (María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara Petrakos, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Valenzi). Videla, a esa altura, estaba procesado por los crímenes del Plan Cóndor, del circuito del Primer Cuerpo de Ejército y del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. Videla se había beneficiado con las vacilaciones de la democracia que zigzagueaba con los juicios a genocidas. En efecto, en diciembre de 1985 había recibido una condena a prisión perpetua. Tenía por entonces 60 años y fue tratado con los honores de un jefe militar pese a la condena. Además, cinco años después fue indultado por Carlos Menem. Recién pisó una cárcel en 1998, por orden del juez Roberto Marquevich que ordenó su detención por el robo sistemático de bebés. El dictador pasó sólo 38 días en la cárcel de Caseros porque la Cámara Federal de entonces se apresuró a darle prisión domiciliaria. Diez años después, Videla llegó a una cárcel común, donde tiene todas las garantías constitucionales pero ningún privilegio. Desde entonces, peregrinó por varios lugares en atención a las causas penales que se siguen en distintos tribunales. Así, pasó varios meses fuera de su celda, y asistió a audiencias en Santiago del Estero, Tucumán y, más recientemente, en Córdoba. Los traslados los realiza personal penitenciario y Videla es llevado en celdas de camiones celulares, aviones comunes y, sólo por requerimiento médico, en ambulancias con custodia.
Reglamento penitenciario. Hay algo que ilustra con claridad el carácter de cárcel común que rige el día a día de los presos por delitos de lesa humanidad y es que tienen un reglamento hecho con los mismos parámetros que el del resto de los institutos penitenciarios. En efecto, el boletín normativo del Servicio Penitenciario publicó, con fecha 25 de febrero de 2008, el reglamento de normas para la U34. Ese documento, que lleva la firma del director del Servicio, Alejandro Marambio Aravia, dice en sus considerandos que "se ha elaborado un Manual del Interno, toda vez que el interno, a su ingreso en un Establecimiento Penitenciario, se integra en una institución preexistente que proyecta su autoridad sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos, adquieren el status específico de individuos sujetos a un poder público que no es el que, con carácter general, existe sobre los ciudadanos libres". Luego aclara que "esa relación debe ser entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente de los derechos fundamentales, origina un entramado de derechos y deberes recíprocos del Servicio Penitenciario Federal y del interno. Que, en ese orden, el correlativo deber del interno es el de observar las normas de régimen reguladoras de la vida del establecimiento, internalizando pautas de conducta sustentadas en valores". Estos párrafos permiten ver la filosofía que sustenta esta decisión. Aunque resulte paradojal, esos valores no son otros que los de la reeducación para quienes sostuvieron conductas contrarias a la Constitución y la ley. Aunque resulte difícil de asimilar para una sociedad que fue víctima de las prácticas aberrantes de estos delincuentes, la cárcel no puede ser nunca un lugar de retribución de castigos. Frantz Fanon, quien fue psiquiatra de las tropas coloniales francesas durante la revolución argelina al tiempo que integraba el Frente de Liberación Nacional, decía que la tortura degrada tanto al torturado como al torturador. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los sobrevivientes de los campos de concentración y los familiares de los desparecidos, en todos estos años fueron fervientes defensores de la consigna Justicia - No venganza. Por eso pedían cárcel común. Por eso celebraron la decisión reciente de la Justicia de Córdoba de condenar a cadena perpetua y en cárcel común a Videla. Ahora, volverá a Campo de Mayo y se reencontrará con el resto de los presos de la U34. El dictador no está integrado más que con unos pocos ex militares. Con muchos, ni se habla. En general, producto de su formación espiritual y práctica destinada a eliminar personas de modo sistemático, se trata de seres que no se llevan bien entre sí. Son jerárquicos, respetan un escalafón que sólo existe en sus memorias y que está desterrado de la vida política argentina. Ya no manejan el poder, ya no deciden la vida y la muerte de mujeres o adversarios políticos. Ya no pueden ordenar la supresión de identidad de un bebé. Ahora caminan alrededor de una cancha de fútbol que está contigua al edificio donde comen, duermen y reciben visitas. Tienen un reglamento y autoridades a las que deben respetar. Tienen acceso a diarios y revistas. Leen, escuchan radio. Tienen DirecTV y pueden ver películas o la programación que quieran. Podrían solicitar hacer otras actividades, como por ejemplo pedir un maestro de música o de teatro u otras actividades culturales, como hacen otros presos. Podrían pedir trabajar y hacer labores manuales. O que alguna institución les permita aprender alguna disciplina. Pero no, prefieren estar ahí, taciturnos, esperando que las cosas cambien en la Argentina. La mayoría de ellos transmite a sus interlocutores la idea de que estos juicios y estas condiciones de detención son algo pasajero. Tejen redes con interlocutores de empresarios periodísticos, dignatarios religiosos y figuras políticas. Hasta hace poco, creían que las elecciones de 2011 eran una gran oportunidad para volver atrás. Ahora empiezan a tomar dimensión de que la Constitución es algo potente y que la Justicia tiene magistrados que asumen su compromiso con integridad.
Mientras tanto, en todo el mundo, se sigue de cerca el caso argentino respecto a cómo avanzar contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. No sólo porque los juicios son con las leyes ordinarias del país más los tratados internacionales sino porque se agregó este capítulo que ya está asumido por la democracia argentina: los procesados y condenados por esos crímenes aberrantes pasan sus días en cárceles comunes, con guarda y reglamentos penitenciarios comunes.
